En el contexto de un caso judicial que ha captado la atención mediática en Argentina, Manuel Jorge Yapura Astorga, ex intendente de Tafí del Valle y ex legislador justicialista, junto a su ex concubina Nerina Mustafá y su hijo Jorge Eduardo Yapura Astorga, enfrentan serias acusaciones de corrupción.
La fiscalía ha solicitado penas de prisión efectiva para los tres implicados, además de multas millonarias y el decomiso de bienes que supuestamente fueron adquiridos con fondos públicos malversados entre 2011 y 2015.
Yapura Astorga, quien fue intendente durante el período mencionado, está imputado por realizar compras con dinero del municipio en un comercio que pertenecía a su pareja, Floppy III.
Las acusaciones se basan en la evidencia de un enriquecimiento injustificado de aproximadamente 3,1 millones de pesos en 2015.
La fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y seis meses de prisión para él, mientras que para Mustafá se han pedido cuatro años, y para su hijo, tres años y seis meses.
Adicionalmente, otras cinco personas también están siendo acusadas en esta causa, incluyendo funcionarios municipales de su administración. Los denunciantes, Sebastián Luna y Daniel Arnedo, sostienen que las compras realizadas por Yapura Astorga eran directas y no estaban justificadas, lo que llevó a un significativo enriquecimiento personal durante su gestión.
Durante las audiencias, el fiscal Daniel Marranzino argumentó que los delitos cometidos no son comunes y que implican una grave falta a la administración pública. Señaló que no existió influencia externa en estas acciones y cuestionó la necesidad de delinquir por parte de una figura pública como Yapura Astorga.
En su alegato, el fiscal destacó que la administración de un ente oficial debía ser gestionada con integridad y que las acusaciones apuntaban a un manejo fraudulento de los recursos municipales.
El auxiliar fiscal Rafael Heredia Carreño también expuso que la pareja de Yapura Astorga había adquirido propiedades y automóviles de alta gama, contradiciendo sus ingresos oficiales. Afirmó que las declaraciones juradas durante su gestión no reflejan su incremento patrimonial, lo que sugiere un uso indebido de fondos públicos.
Por su parte, Yapura Astorga ha negado las acusaciones, sosteniendo que su enriquecimiento no es posible en los términos planteados por la fiscalía y sugiriendo que las denuncias son motivadas políticamente por su rechazo a ciertos proyectos de construcción.
En su defensa, argumentó que su trayectoria en la administración pública ha sido intachable y que nunca había enfrentado problemas legales antes de esta situación.
El juicio, que ha incluido más de dos meses de audiencias, se encuentra en la etapa de alegatos. La defensa, encabezada por el abogado Macario Santamarina, busca refutar las acusaciones, mientras que se espera que la próxima audiencia finalice con la presentación de su caso y posiblemente la resolución del juicio.
En resumen, este caso pone de relieve las serias acusaciones de corrupción en el ámbito de la administración pública en Argentina, con implicaciones legales significativas para los acusados, que podrían enfrentar penas de prisión y severas multas si son hallados culpables de los delitos imputados.
