El diputado provincial Tiago Puente (UCR), presentó esta mañana de martes ante Fiscalía General una denuncia penal en contra del director de Medicina Social Integral de la provincia, Caleb Carlos Elías Camji; de la secretaria de Administración de Salud del mismo Ministerio, Ana Gabriela Rizo; y de Myriam Iris del Valle Carrizo, titular de la firma M&C Insumos.
El legislador sostiene que Rizo mantiene “una relación sentimental y parental con el Caleb Carlos Elías Camji, con quien tiene un hijo en común”, y que Carrizo es madre de Camji, “lo que agrava aún más el entramado de vínculos personales y familiares, tanto es así que, de los informes comerciales online, surge que comparten el mismo domicilio, y esto compromete la imparcialidad y transparencia en la gestión pública”.
La denucia señala que “resulta especialmente alarmante que la firma de la madre del Dr. Camji haya sido seleccionada en reiteradas oportunidades como proveedora exclusiva para el suministro de colchones ortopédicos y otros insumos médicos, mediante compras directas aprobadas por la Sra. Rizo, pareja del Dr. Camji, y autorizadas por expedientes administrativos bajo la supervisión del mismo Ministerio de Salud”.
Según agrega el diputado, , “la relación familiar directa entre el Dr. Camji y su madre, la Sra. Carrizo, constituye un evidente conflicto de intereses, ya que ambos poseen intereses económicos y patrimoniales convergentes. Esta situación se ve agravada por la participación activa de la Sra. Rizo, pareja del Dr. Camji, quien tiene una participación directa en el proceso de compra y pago de las mismas”.
Puente cuestiona que “este entramado de relaciones personales configura un esquema en el cual, se desnaturaliza la función pública, al utilizarse cargos oficiales para direccionar contrataciones en beneficio de familiares directos, vulnerando así el principio de transparencia administrativa, al asignarse fondos públicos sin procesos competitivos claros ni mecanismos que garanticen la imparcialidad”.
Tiago Puente sospecha que “se configura una presunta violación al artículo 265 del Código Penal, que sanciona las negociaciones incompatibles con la función pública, al quedar en evidencia un interés particular que afecta la voluntad administrativa, y en este sentido, no solo se observa una conducta administrativa irregular, sino también un posible aprovechamiento del poder público para favorecer intereses personales y familiares, lo cual debe ser debidamente investigado y sancionado”.
