Una joven estudiante universitaria quedó detenida con prisión preventiva y un hombre fue imputado en libertad, luego de que la Justicia de Tucumán considerara que ambos habrían participado en la continuidad de amenazas contra el gobernador Osvaldo Jaldo, tres fiscales y un juez, originadas meses atrás por el condenado Miguel “Miguelón” Figueroa. El caso se reactivó tras un episodio sospechoso ocurrido frente al domicilio de uno de los fiscales.
Milagros Cano, dueña de una camioneta Volkswagen Amarok involucrada en el hecho, fue procesada por amenazas coactivas agravadas y por narcomenudeo, tras hallarse en su vivienda unos 400 gramos de flores de marihuana y papel para su fraccionamiento. En tanto, Ariel Carrizo, quien se presentó voluntariamente con la camioneta, fue imputado por entorpecimiento de la investigación, aunque continuará el proceso en libertad por decisión judicial.
La causa que involucra nuevamente al temido “Miguelón” —condenado por tres homicidios y actualmente preso en un penal de máxima seguridad— se reactivó el viernes pasado, cuando un policía asignado a la custodia del fiscal Carlos Sale advirtió que dos hombres en una camioneta estaban tomando fotos frente a su casa. Al intentar identificarlos, los ocupantes huyeron rápidamente.
La fiscalía, a cargo de Carlos Picón, inició una investigación urgente. A partir de la patente, se identificó a Milagros Cano como propietaria del vehículo. En el allanamiento a su domicilio, la joven afirmó que la camioneta estaba en Bolivia con su novio, Leandro Guerrero, pero minutos después, Carrizo se presentó con el rodado, lo que despertó aún más sospechas. Según Picón, la acusada mintió sobre el paradero del vehículo e incluso fingió no recordar el apellido de su pareja, quien ahora se encuentra prófugo.
La hipótesis del Ministerio Público es que Cano y Guerrero actuaron bajo directivas de Figueroa, como parte de una nueva maniobra intimidatoria hacia las mismas autoridades mencionadas en un mensaje amenazante enviado en abril por “Miguelón” a la periodista Mariana Romero. En ese mensaje, el convicto apuntaba contra Jaldo, los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos, Pedro Gallo y el juez de Ejecución Gonzalo Ortega.
Figueroa habría apuntado contra el gobernador por atribuirle responsabilidad en las dos condenas a perpetua que recibió; contra los fiscales, por sostener la acusación en su contra; y contra el juez Ortega, por no autorizar su traslado desde Marcos Paz a Tucumán para asistir al funeral de su hijo. Su pareja, Marcela Noemí Díaz, también está detenida por haber difundido el mensaje original.
“El patrón se repite. Fernández (Figueroa) realizó la amenaza mientras gestionaba su traslado. Ahora, cuando se evaluaba un juicio abreviado para su pareja, ocurre este nuevo episodio frente al domicilio del fiscal”, afirmó el fiscal Picón, acompañado por el auxiliar Benjamín Zavalía. En el procedimiento, incluso la madre de Cano le susurró: “contá todo lo que sabés”.
Las defensoras de los imputados, María Fernanda Alabarse y Candela Álamo, negaron la existencia de delito. “No se puede hablar de amenaza por una selfie. Además, viven a 10 cuadras del lugar”, argumentaron. No obstante, el juez Augusto Almonacid desestimó esos planteos y avaló parcialmente el pedido de la fiscalía: dictó la prisión preventiva de Cano y rechazó la medida cautelar contra Carrizo.
La investigación continúa y se centra ahora en la búsqueda de Leandro Guerrero, el supuesto autor material del reciente episodio, cuya participación podría confirmar la continuidad de una red de amenazas que, según Picón, intenta generar “conmoción institucional” desde la cárcel.
