La dictadura de Nicolás Maduro emitió una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. Así lo anunció el fiscal chavista Tarek William Saab.
“Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina”, dijo Saab a medios venezolanos.
El anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en Argentina. Durante la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante: el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela.
La dictadura chavista argumentó su persecución contra el presidente argentino en el marco de la incautación del avión de carga Boeing 747 que fue embargado por Estados Unidos en colaboración con Argentina en 2023.
El avión había sido transferido anteriormente de la aerolínea iraní Mahan Air -que según las autoridades presta apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán-Fuerza Quds- a Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y filial de una empresa estatal que había sido sancionada anteriormente por Estados Unidos.
Las autoridades afirmaron que la venta, realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violaba las leyes de control de las exportaciones y beneficiaba también indebidamente a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.
Mahan Air está sujeta desde hace años a sanciones del gobierno estadounidense.
