El contador público Gustavo Abel Aparicio, que se desempeña como supervisor en Contaduría General de la Provincia de Catamarca, registró un flujo descomunal de activos por el volumen de divisas y la cantidad de operaciones. El movimiento fue detectado por el Banco Central y la Justicia, como “operaciones sospechosas”, según publica este domingo un diario capitalino.
Los medios periodísticos de otras provincias, ya titulan: “Escándalo en Catamarca: funcionario del gobierno de Raúl Jalil involucrado en estafa piramidal. Un escándalo político y financiero sacude la provincia de Catamarca, después de que se revelaran pruebas que involucran a un funcionario del gobierno de Raúl Jalil en una estafa piramidal que superó los cinco millones de dólares en transacciones. Según informes, el contador Gustavo Abel Aparicio, un funcionario del gobierno provincial, habría participado en las maniobras junto a estafadores piramidales. A pesar de que el abogado Alfredo Aydar solicitó la inmediata detención de Aparicio, la Justicia Federal de Catamarca lo dejó en absoluta libertad, lo que ha generado una gran controversia y críticas hacia el gobierno provincial. En este marco y a más de tres años de iniciada la causa Bacchiani, los fiscales federales Rafael Vehils Ruiz y María Correa imputaron recientemente a Aparicio como “autor de intermediación financiera sin autorización en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita”, en base a los movimientos de valores que efectuó en los años 2020, 2021 y 2022”.
Las querellas de cientos de damnificados que radicaron denuncias penales e iniciaron acciones civiles para intentar recuperar algo de los dineros sustraídos a través de la financiera Adhemar Capital SRL, confían en que a partir de la información recabada por técnicos de Gendarmería Nacional podrán llegar a conocer al menos una parte de la ruta del dinero, que fue captado y operado por Adhemar Bacchiani y sus socios, mediante el uso de decenas de billeteras y cuentas virtuales, con la complicidad de personajes claves que fueron individualizados y cuyas actividades con la banda poco a poco van saliendo a la luz.
El complejo informe efectuado por personal de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, delegación Catamarca, está basado en datos que le fueron suministrados por decenas de organismos públicos y privados, a pedido de las querellas y del Juzgado Federal de Catamarca. Según ese informe, el contador público Gustavo Abel Aparicio efectuó más de 60 mil movimientos de activos digitales Bitcoins (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) y Tronix (TRON), entre otros. Más de 980 están relacionadas con tasas de financiación de contratos futuros (pagos periódicos entre otros operadores de criptoactivos o traders).
En cuanto a estas monedas, la valuación varía permanentemente. Por ejemplo, un BTC que en 2024 llegó a costar 60 mil dólares, actualmente se comercializa a más de 118 mil dólares. En función de los valores actuales y los datos del informe, en múltiples operaciones Aparicio le transfirió a Bacchiani más de seis millones de dólares en activos digitales. También recibió de Bacchiani, más de 600 mil dólares. A pesar de la variedad y la complejidad de los movimientos que pudieron ser detectados, algunas querellas vinculan a Aparicio con la supuesta gestión de más de siete mil millones de dólares.
Para los investigadores, parte de esas operaciones fueron llevadas a cabo mientras la empresa Adhermar Capital funcionaba. De acuerdo a la pesquisa, Aparicio realizó transacciones con otras personas en momentos en que éstas estaban detenidas con prisión preventiva, procesadas en la causa y que pudieron ser identificadas. Tal es el caso de José Armando Blas, gerente y socio de Bacchiani, a quien el contador le transfirió más de 2.200.000 dólares en una larga serie de movimientos que además, fueron recíprocos. Por otra parte, una de las exparejas de Bacchiani, la esteticista venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa, recibió más de 400 mil dólares mientras que a Franco Javier Brey le remitió cerca de 10 mil dólares.
“Podemos inferir que Aparicio llevó a cabo las denominadas ‘Operaciones Sospechosas’, que por su cuantía y características no guardan relación con la actividad económica del cliente (…) se salen de los parámetros de normalidad establecidos dentro del segmento de mercado en el cual se halle ubicado”, explicaron desde Fiscalía. “Queda claro que Gustavo Abel Aparicio, a sabiendas de que el dinero que está distrayendo, convirtiendo, transfiriendo, administrando, gravando y/o disimulando, de manera evidente, pertenece a las inversiones de los particulares afectados”, remarcaron los fiscales. Aseguraron además que lo hizo “con total desprecio por la legalidad y las víctimas del delito de estafa, más aún si tenemos en cuenta que Aparicio tiene la profesión de Contador Público, por lo que su conducta cobra mayor relevancia por su actuación profesional y conocimiento de las normas de las actividades desarrolladas y sus consecuencias”. Hay dos personas más que están siendo investigadas porque habrían formado parte de maniobras fraudulentas para ocultar parte del dinero captado a los inversores.
Un millón en 8 transacciones
Los fiscales federales consideraron que del total de las operaciones que realizó Aparicio, ocho de ellas llamaron la atención de los detectives porque fueron efectuadas en USDT (que tiene mismo valor que un dólar en la actualidad), entre enero y marzo de 2021, por más de 1.130.000 dólares. “Lo relevante de estas últimas transacciones efectuadas entre Aparicio y Edgar Adhemar Bacchiani, más allá de los siderales montos, es la fecha de las mismas, en pleno período de inicio de la causa y de los hechos en investigación”, señalaron.
En total, Aparicio recibió 19 depósitos de Bacchiani entre octubre de 2020 y enero de 2022, mientras que él respondió con cuatro envíos. Para acceder a toda la información el Juzgado Federal debió emitir más de 20 oficios a distintos organismos. A pedido de la Fiscalía ordenó allanar una casa de Aparicio en el departamento Paclín y el embargo e inmovilización de todas sus cuentas y cajas de seguridad. “Aparicio pudo tener un rol fundamental en la distracción del dinero (…) y se configuraría el delito de lavado de activos”, apuntaron los fiscales.
