Informe: Multimedios El Abaucán Digital
Un hecho repudiable y de extrema gravedad institucional tuvo lugar este mediodía en el Kilómetro 0, ingreso al paraje La Coipa, en plena Cordillera de Los Andes. Una camioneta procedente de la ciudad de Tinogasta, que presta servicios turísticos hacia el Balcón del Pissis, embistió a personal de inspección de la Municipalidad de Fiambalá que se encontraba cumpliendo tareas de control tributario.
El episodio, que bien pudo terminar en tragedia, puso en riesgo la vida de la inspectora Paola Chayle, quien debió arrojarse al suelo para evitar ser atropellada por el irresponsable conductor que intentaba evadir el control con total impunidad. El hecho no es aislado ni casual: es la consecuencia directa de una peligrosa escalada de decisiones políticas promovidas por el propio Gobierno de la Provincia de Catamarca.
Desde hace semanas, la gestión provincial no solo ha desamparado a la Municipalidad de Fiambalá en los controles a prestadores turísticos, sino que fue más allá: ordenó expresamente a la Comisaría local retirar todo tipo de apoyo al puesto de fiscalización municipal. Esta maniobra—con clara intencionalidad política—se enmarca en una ofensiva por deslegitimar la potestad tributaria de Fiambalá, acusándola falsamente de establecer tributos ilegales, cuando en realidad la Municipalidad cuenta con el respaldo normativo y jurídico necesario para realizar tales cobros, como lo difundió oportunamente Multimedios Abaucán.
Lo sucedido hoy no es un accidente más: es el resultado directo de un clima de hostigamiento institucional promovido desde la cúpula del Gobierno de Catamarca, que en vez de respaldar a los municipios que ejercen su autonomía, decide blindar a empresarios amigos que operan sin controles, sin responsabilidad, y ahora, sin freno.
Resulta alarmante que, por intereses políticos o económicos, se ponga en juego la vida de trabajadores municipales que cumplen con su deber. Que se promueva la evasión tributaria, que se incentive a prestadores turísticos foráneos a pasar por encima de las leyes locales y que se ataque de forma sistemática al intendente Raúl Úsqueda, son síntomas de un gobierno provincial que ha perdido el rumbo, la institucionalidad y el sentido de justicia.
Desde Fiambalá, se exige con urgencia que el Gobierno de Catamarca dé marcha atrás con estas medidas arbitrarias, que garantice la seguridad de los trabajadores municipales y que ponga fin al encubrimiento de prestadores turísticos ilegales. Lo de hoy no puede quedar impune: alguien tiene que responder por lo que pudo haber sido una tragedia irreparable.
