La Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF la sentencia condenatoria por US$ 16.000 millones, en el marco de la nacionalización de la petrolera.
Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Cámara de Apelaciones se centra en cuatro puntos. En primer lugar, sostiene que la justicia de Estados Unidos no puede obligar a un país soberano a repatriar sus activos ubicados en el exterior. En segundo término, cuestiona que la jueza Loretta Preska aplicó de manera errónea la Ley del Estado de Nueva York (CPLR 5225) respecto del tratamiento de activos en el extranjero.
Inmunidad soberana y consecuencias diplomáticas
El tercer eje de la defensa argentina apela a la Ley de Inmunidad Soberana como mecanismo de protección, con el objetivo de evitar que el país se vea forzado a entregar acciones de YPF.
Por otra parte, el escrito menciona las consecuencias diplomáticas que podrían derivar de una medida de esta magnitud, señalando que imponer la entrega de activos podría afectar la relación entre dos naciones amigas.
La definición de este proceso se espera para el primer trimestre de 2026, lo que mantiene en vilo tanto a la administración argentina como a los acreedores que impulsaron la demanda.
