Un reciente fallo del juez Domingo Batule, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, generó un fuerte revuelo institucional tras beneficiar al narcotraficante y homicida Raúl Ricardo “Coya” Rojas, condenado a prisión perpetua por delitos de extrema gravedad. La resolución judicial declara inconstitucional el régimen de aislamiento al que estaba sometido Rojas en el penal de Ezeiza, y habilita una serie de beneficios que incluyen salidas de celda por ocho horas diarias, contacto físico con visitas, acceso a educación, trabajo, tratamiento psicológico y comunicación directa con su abogado.
La medida de Batule generó una dura reacción del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, y de la Fiscalía Federal de Salta, encabezada por el fiscal Carlos Amad. Ambos organismos cuestionaron la resolución por considerar que debilita el sistema de lucha contra el narcotráfico y puede facilitar que el condenado retome el control de actividades criminales desde la cárcel.
“Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo”, escribió Bullrich en sus redes sociales.
Desde la Fiscalía, Amad anticipó que se presentará un recurso de casación para revertir la medida, y que también se evalúa presentar una denuncia formal contra Domingo Batule ante el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de controlar el desempeño de jueces federales.
Según explicó el fiscal, ya existían antecedentes de rechazo a planteos similares por parte de la defensa de Rojas. Tanto la jueza Gabriela Catalano como la Cámara Federal de Apelaciones de Salta habían desestimado los pedidos, pero esta vez Batule falló en sentido contrario.
El Ministerio de Seguridad advirtió que la flexibilización del régimen carcelario para un preso de alto riesgo como Rojas socava los esfuerzos por desarticular estructuras criminales y recordó que en el pasado el narcotraficante ya operó desde prisión, incluso cuando estaba detenido en la cárcel de General Güemes.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el juez Batule argumentó que el régimen de aislamiento de 20 horas diarias violaba derechos fundamentales del detenido y citó las Reglas Mandela de Naciones Unidas, además de informes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Para el magistrado, el aislamiento prolongado constituye un trato cruel e inhumano, que afecta la salud mental de Rojas, su vínculo familiar y su derecho a una defensa efectiva.
La defensa del condenado había señalado que desde su traslado a Ezeiza, Rojas no pudo casarse, ver a sus hijos ni mantener reuniones privadas con su abogado, lo cual, según Batule, vulnera garantías básicas, a pesar del historial criminal del interno, que incluye homicidio calificado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y liderazgo de una organización narcocriminal.
