En Catamarca, frecuentemente vemos en las redes sociales a personas escrachadas por diversos incumplimientos en el pago de compromisos económicos generados por alguna compra y venta. Con fotos de los morosos, capturas de pantalla de conversaciones sobre promesas incumplidas, y otros detalles, todos acceden al conocimiento de hombres y mujeres inescrupulosos que adquieren determinados productos y luego no cumplen con el pago. Sin embargo, esta exposición podría incurrir en algún delito.
Vecinos de la ciudad de Frías manifestaron su preocupación por el accionar de una comerciante local que, luego de fiar productos a sus clientes, procede a escrachar públicamente a quienes no logran cumplir con los pagos en tiempo y forma.
Según los testimonios recogidos, esta práctica genera situaciones de humillación y exposición indebida, afectando la intimidad, la dignidad y la reputación de las personas involucradas. Lo que muchos desconocen es que este tipo de conductas pueden ser denunciadas formalmente ante el Ministerio Público Fiscal, ya que se enmarcan en acciones que vulneran derechos fundamentales.
De acuerdo con especialistas consultados, el escrache público puede constituir un delito de coacción, hostigamiento, amenazas o incluso calumnias e injurias, dependiendo de la forma en que se realice. Además, el hecho de divulgar deudas privadas sin consentimiento atenta contra la privacidad de los vecinos y excede cualquier reclamo comercial legítimo.
Las autoridades recuerdan que nadie puede tomarse la justicia por mano propia ni exponer a otra persona públicamente por una deuda económica, más allá de la relación comercial que exista. Los reclamos deben canalizarse a través de las vías legales correspondientes, como la mediación o la demanda civil.
Desde la justicia se alienta a que toda persona que haya sido víctima de estos escraches o se sienta intimidada, realice la denuncia correspondiente en sede policial o directamente en la Fiscalía, para que se investigue la conducta de la comerciante y se tomen las medidas necesarias.
El mensaje es claro: las deudas se reclaman por la vía judicial, no mediante la exposición y la humillación pública.
