Hoy, la justicia catamarqueña ordenó la detención del policía Javier Varela, uno de los condenados por el crimen de Diego Pachao.
Varela recibió una pena de cuatro años de prisión y se encontraba en libertad hasta que la condena quedara firme.
Tal como lo había resuelto la Cámara N° 2 en el juicio llevado a cabo en 2022, también se ordenó extraer copias del acta de debate y remitirlas a Fiscalía General para que se investigue la participación que tuvieron dos policías más, uno de apellido Vizcarra y otro de apellido Bayón, quienes nunca fueron investigados y estuvieron en el día del hecho según los testigos del juicio.
En septiembre del año 2022, el Tribunal de la Cámara Penal N° 2 condenó a Gustavo Bulacios a 16 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad” y dos hechos de “torturas”, y a Barrera a ocho años por el delito de torturas. Mientras que a Claudio Yani Nieva y Ricardo Varela los condenaron a 2 años y 8 meses de prisión en suspenso y 4 años, respectivamente, y Jorge Montivero y Ramón Quevedo fueron absueltos por el beneficio de la duda.
El Hecho
El 11 de marzo de 2012, a las 10 de la mañana, Leonel González fue aprehendido por efectivos de la Comisaría Séptima en la Avenida Los Legisladores, en la zona norte de la ciudad. Diego, quien quiso evitar que arresten a su amigo, fue reducido y llevado también. Casi 24 horas después, el día 12 a la madrugada, el joven fue llevado en ambulancia desde la Comisaría al Hospital San Juan Bautista, donde falleció el 14 por muerte cerebral como consecuencia de dos golpes mortales en su cabeza constatados por las pericias médicas.
Por las características de los golpes, sobre todo el que recibió en la nuca y por los síntomas que presentó: vómitos, falta de coordinación, sangre por la nariz, más la negativa de los policías de liberarlo o permitir que su madre, Claudia Véliz, lo vea y le lleve comida, su familia siempre entendió que fue golpeado en ese lugar y que los efectivos además, se negaron a darle atención médica a tiempo.
Esto provocó una “pueblada” de personas que participaron entonces de incidentes en las adyacencias de la Comisaría Séptima, lugar donde presuntamente fue golpeado el joven Diego Pachao, lo que posteriormente provocó su muerte, y que fue por entonces intervenida por la gobernadora Lucía Corpacci.
Los hechos devinieron en un enfrentamiento con la policía y tres móviles fueron dañados, y luego los incidentes derivaron al destacamento policial ubicado cerca de la rotonda de Avenidas México y Choya, donde lo prendieron fuego.
Familiares de Diego Pachao, declararon ese día a Radio Valle Viejo que “con este hecho de violencia, nosotros no tenemos nada que ver, solo estamos velando a nuestro hijo y queremos darle cristiana sepultura hoy”.
El Servicio de Emergencia del Hospital “San Juan Bautista”, confirmó que dos de los efectivos trasladados a ese nosocomio quedaron en observación, pero además hubo al menos 15 policías heridos.
Sin embargo, los primeros fiscales investigadores de la causa, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín imputaron por homicidio preterintencional a los hermanos Lucas y Darío Leiva de quienes dijeron que habían mantenido una pelea con Leonel y Diego antes de ser arrestados. Posteriormente, acusaron al médico de Sanidad Policial, por “no ver” una cicatriz que tenía el joven y que databa de una semana atrás, cuando se le realizó el examen médico de rutina alrededor de las 12 del mediodía.
Tras estas hipótesis y al no poder negar la intervención policial en el caso, se imputó a 11 efectivos de la fuerza por incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones.
Con el paso de los años, las causas contra los hermanos Leiva y el médico de la Policía prescribieron. En tanto, sobreseyeron a cinco de los policías imputados quedando sólo para responder ante la Justicia: Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Yani Nieva, Ramón Ariel Quevedo, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero.
