Brunildo Sánchez Concepción, el hombre de 43 años oriundo de República Dominicana decapitado en una pensión de Ciudadela la semana pasada, fue asesinado por $50 mil pesos. Así lo indican testimonios en la causa, investigada por la DDI de San Martín de la Policía Bonaerense, en un expediente que ya tiene tres detenidos. La calificación es intensa: homicidio agravado por ensañamiento en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por su comisión bajo torturas.
Según la principal teoría del caso, Sánchez Concepción, un indigente que erraba entre territorio porteño y Ciudadela, que vivía en un auto abandonado en el Bajo Flores, había recibido los $50 mil pesos para comprar droga y luego revenderla. Sin embargo, se habría quedado con el dinero. Así, fue rodeado por sus acreedores y recibió una golpiza el miércoles pasado en la pensión de la calle San Martín al 200. Luego, lo decapitaron.
Insólitamente, horas más tarde, dos sospechosos dejaron su cabeza entre un montón de basura a seis cuadras de distancia de la escena del crimen, oculta en un bolso que fue descubierto por dos vecinos. El corte, a simple vista, parecía irregular, realizado con un cuchillo o un machete.
Sánchez Concepción fue identificado gracias al cotejo de sus huellas dactilares. El resto de su cadáver fue descubierto dos días después del hallazgo en la pensión luego de una serie de pistas y llamados anónimos. El dueño del lugar, “una ranchada”, la describe un investigador del caso, fue detenido a las pocas horas. Más tarde, se arrestó a un segundo sospechoso, un hombre de la zona, que se entregó cercado por varios allanamientos.
Ninguno de los dos era un imputado clave; Cristian Eloy Oviedo, de 45 años, oriundo de Lomas del Mirador, uno de los presuntos autores materiales cayó el viernes pasado, arrestado por la Policía de la Ciudad. Lo capturaron en Liniers, acusado de robar medias en un local de la calle José León Suárez. Los policías de la Comisaría 9B cruzaron su nombre en el sistema: así, se encontraron con el pedido de captura. Investigadores del caso aseguran que varios testimonios llevaron a su nombre y a su presunto rol en el crimen de la pensión.
