El fiscal Hugo Costilla tenía previsto concretar este lunes la audiencia de indagatoria a los cuatro cabecillas de la banda que fue desbaratada este fin de semana durante 14 allanamientos en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, pero según información de la justicia, el procedimiento se va a postergar hasta mañana martes en horas de la tarde.
Recordemos que la banda investigada estaría integrada por empleados públicos, judiciales, policías, abogados y posiblemente gremialistas, y que entre los detenidos están identificados los apellidos Vega, Gordillo, Del Campo y Aguilares, siendo estos identificados como los cabecillas de esta organización.
La causa comenzó meses atrás con una serie de denuncias individuales por usurpación, en las que aparecían involucradas las mismas personas. A medida que se revisaban los expedientes, surgieron coincidencias que evidenciaban un patrón de acción común.
Ante esta situación, el fiscal Hugo Costilla decidió unificar las denuncias e iniciar una investigación de oficio. El análisis de antecedentes permitió identificar que la red delictiva operaba desde hace años y que sus integrantes tenían vínculos con distintos sectores del Estado.
El modus operandi de la organización
Según la investigación, la banda estaba conformada por empleados de organismos públicos, miembros de la Policía y del Poder Judicial, quienes se valían de su acceso a información y trámites administrativos para ejecutar estafas. Su accionar comenzaba en Catastro y el Registro de la Propiedad, donde obtenían datos sobre inmuebles y títulos. Luego, saneaban esos títulos para disponer de las propiedades de manera fraudulenta.
Uno de los mecanismos clave del fraude era la falta de notificación a las víctimas sobre los procesos judiciales en su contra. Para ello, contaban con contactos en el Juzgado Comercial y de Ejecución, quienes les garantizaban un tratamiento preferencial en las causas y manipulaban la designación de martilleros para asegurarse de que los remates de bienes se realizaran según sus intereses.
Además, a través de empleados de las Oficinas de Notificación, evitaban que las citaciones llegaran a destino. De este modo, muchas víctimas solo se enteraban de que estaban involucradas en un proceso judicial cuando ya habían sufrido el embargo de sus bienes o el descuento de sus haberes.
Otros vínculos y acceso a información bancaria
La red delictiva también contaba con la participación de policías, quienes no solo figuraban como titulares de créditos y demandantes en los juicios ejecutivos, sino que además cumplían funciones operativas dentro de la organización. Seguían a los deudores, fotografiaban sus vehículos y, una vez dictado el embargo, alertaban al martillero para proceder con el secuestro del bien.
Además, la banda tenía acceso a información bancaria de las víctimas. Contaban con empleados en entidades financieras que les proporcionaban datos sobre cuentas y movimientos financieros, lo que les permitía ejecutar las estafas con mayor precisión.
En algunos casos, incluso falsificaban firmas. Varias víctimas denunciaron que jamás habían firmado los documentos que aparecían en su contra, lo que refuerza la hipótesis de una estructura fraudulenta con múltiples niveles de operación.
Próximos pasos en la causa
Con las detenciones y el material secuestrado, la Justicia avanzará en la imputación de los acusados y en la identificación de otros posibles implicados. Se espera que en los próximos días el fiscal Hugo Costilla brinde más detalles sobre la evolución del caso.
Las autoridades instan a posibles víctimas de estas maniobras a presentarse en el Ministerio Público Fiscal para radicar sus denuncias.
