Mientras se espera la firma del decreto de Javier Milei para despedir a 1.600 trabajadores y reducir un 30% el plantel operativo, los trabajadores de Vialidad Nacional llevan a cabo este lunes una marcha desde la Plaza de los Dos Congresos hasta la Plaza 25 de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. La movilización se replicó en todo el país, como también en Catamarca.
Desde Vialidad Nacional Catamarca admitieron en declaraciones a Radio TV Valle Viejo, que “Catamarca no es ajena a la problemática que atraviesa a todos los viales nacionales del país”, precisando que “en esta jurisdicción se han caído contratos que estaban destinados al mejoramiento y reparación de la Ruta 38, en el tramo de la Cuesta del Totoral, como de la Ruta 157 en el trayecto del cruce (de Las Salinas) hacia Frías y Tucumán, que están muy deteriorados”.
Comentaron no tener precisiones sobre las medidas de ajuste, afirmó que “aunque no sabemos bien, las autoridades están tratado de recortar lo más posible”, indicando que “en casa central serían unos 500 compañeros, pese a que el administrador había dicho que en Vialidad Nacional no sobraba nadie”.
Dieron a conocer que en nuestra provincia “se suspendieron los contratos de mano de obra, por cuadrillas de cuatro o cinco personas, que se hacían con los municipios, para realizar tareas de desmalezamiento y de mantenimiento en las respectivas jurisdicciones”, y que “ahora se dejarían también sin efecto los CTD (Contrato por Tiempo Determinado), que acá son unos 20 trabajadores, que en muchos casos son personal único y ahora están temiendo por su fuente laboral”.
Estos podrían sumarse a “los nueve trabajadores que ya despidieron en Catamarca, que era gente excelente, muy bien preparada, hasta con cursos en el exterior, y quedaron fuera”, remarcando que “ahora se rompen los equipos y no hay con quién, ni con qué repararlos”.
De todos modos, destacaron el rol de los últimos administradores que tuvo el Distrito 11 Catamarca, en anteriores gestiones, que “mediante diferentes convenios y ejecución de obras, dejaron a la provincia, si se quiere, en una posición privilegiada en su red troncal, con un índice de rutas que es bueno”, contrastando con la realidad de otras jurisdicciones, que “como en el caso de La Pampa, tiene un deterioro del 75 por ciento, en una a situación vial absolutamente colapsada”.
La protesta busca visibilizar la preocupación y la incertidumbre que enfrentan más de 5.000 empleados ante la posible desaparición de la Dirección de Vialidad Nacional.
“Nadie se salva solo. La unión es nuestra fuerza. Defendamos a Vialidad Nacional. Sumate a la marcha que conecta a todos los argentinos. Vialidad somos todos”, expresa la convocatoria de los trabajadores.
Graciela Aleñá, secretaria del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, señaló que la protesta denuncia las medidas anunciadas por el gobierno, que incluyen el desfinanciamiento de la institución, la derogación de la Ley 505—pilar fundamental del sector—y la creación de un nuevo organismo bajo otra denominación.
Con la cancelación de todos los contratos de obras en rutas argentinas, el titular de Vialidad Nacional (VN), el menemista Marcelo Campoy, lleva adelante un ajuste que se encamina a paralizar por completo el funcionamiento del organismo.
Por medio de una nota interna remitida al cuerpo gerencial y a jefes de distrito, Campoy ordenó dar de baja todos los contratos de obras que VN tiene en curso en el país sin importar el grado de avance en que encuentren.
La administración libertaria justificó la decisión de suprimir las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando las contratistas privadas, en las “restricciones presupuestarias significativas” que tendrá que afrontar la repartición durante este año.
La orden impartida por Campoy puntualiza que resulta necesario “arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados para obras fuera de la Red Vial Concesionada”.
“Ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución”, sostiene.
La nota oficial destaca que “a los efectos de hacer más efectivo y eficiente el sistema de obras públicas y evitar litigios administrativos y judiciales, se deberán impulsar las distintas tramitaciones por terminación de obra, limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo, autorizándose por la presente el ‘encuadre de ajuste en recepción provisoria’ de acuerdo al estado de ejecución de cada obra”.
