Por decreto, el Ejecutivo dio de baja el Registro Nacional de Constructores y el de Firmas Consultoras de Obras Públicas. Según el Gobierno nacional, esto sumaría transparencia al sistema. Aclararon sin embargo que “este gobierno no va a asumir obra pública provincial o municipal”
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El Gobierno avanza con el plan de desregulación del Estado. Por decreto, este martes unificó los sistemas de inscripción vinculados a la contratación de obra pública y dispuso modificaciones en el régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional (APN).
La medida, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, apunta a reducir la burocracia, simplificar los procedimientos con el Estado y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales. La normativa entrará en vigencia este miércoles 19 de febrero.
Según dicta el decreto 105, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó en la derogación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, ente encargado de calificar y capacitar a las empresas del sector y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, que regulaba la promoción y contratación de servicios de consultoría con empresas privadas por el Estado.
Con estos cambios, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada: el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).
Por otro lado, la gestión de Javier Milei introdujo modificaciones en el régimen de contrataciones del Estado al reemplazar el artículo 27 del decreto 1023/2001, que regulaba la participación de empresas en licitaciones. Ahora, solo podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que estén inscriptas en la base de datos.
De acuerdo con la explicación del ministro de desregulación Federico Sturzenegger, el nuevo sistema se base en los siguientes principios:
-Se elimina el concepto de capacidad de contratación, que era ese tope que antes se le asignaba a cada empresa. En el ejemplo anterior si una empresa puede hacer obras por 10 millones, ahora podrá llevarse 1, 2 o inclusive los 10 proyectos. Ahora todos competirán con todos.
-Se mantiene un mecanismo para evaluar qué tipo de obras puede tomar cada empresa según su experiencia, pero para estimarlo previamente se contaba solo la obra pública. Por ejemplo, si todas las obras las hubiera hecho un tal Lázaro Báez entonces solo ese tal Báez estaría habilitado para futuras obras (¿suena?). A un constructor privado o uno extranjero ni los dejaban competir. Todas esas restricciones: ¡Afuera! Y no solo eso, incluso si una empresa no tiene antecedentes podrá suplirlo con patrimonio neto o con garantías. Así, nuevas empresas, grandes y pequeñas, podrán sumarse y competir.
-Se incorporan garantías más agiles y de mayor facilidad de cobro. Hoy estaban sujetas a un engorroso proceso judicial que hacía imposible su ejecución. Esto terminaba favoreciendo a las empresas propensas a incumplir y litigar.
-También se deroga la ley 22.460 unificando el mecanismo de contratación en un único sistema.
Más allá de que este gobierno no va a asumir obra pública provincial o municipal, era imperativo desarmar este esquema de «corrupción legal» que tuvimos que aguantar tantos años y cuyos resultados más recientes fueron Lázaro Báez, José López, la causa de los cuadernos, etc.
Por Rafael Cortés (Misiones Online)
