El ex rector Juan Alberto Cerisola fue condenado a tres años y seis meses de prisión por la Justicia Federal y a la inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos en la causa que investigó el destino de los fondos que la Universidad Nacional de Tucumán recibió de YMAD; junto a él, los jueces del Tribunal Oral Federal —Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl— impusieron penas de tres años y dos meses e inhabilitación perpetua a la ex funcionaria Olga Cudmani y de dos años en suspenso más inhabilitación especial a Osvaldo Venturino, mientras que el ex diputado nacional Luis Sacca fue absuelto por duda razonable.
Además, se ordenó que Cerisola y Cudmani paguen más de 39 millones de pesos actualizados a la universidad y que Venturino y Cudmani efectúen el pago de más de 700 mil pesos, aunque la prisión no se hará efectiva hasta que la sentencia quede firme.
El caso se remonta a 2010, cuando el arquitecto Ramón Eudal (ya fallecido) y el abogado Óscar López denunciaron ante la Justicia Federal supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Por ley, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) debía destinar el 40% de las utilidades de YMAD a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. No obstante, en diciembre de 2007 el directorio de YMAD declaró concluida esa obra y redujo el porcentaje al 20%, liberando la otra parte de los fondos.
En enero de 2008, durante la gestión de Rubén Cerisola como rector, se firmó el acta que oficializó esa modificación y habilitó un esquema especial de contrataciones que, según la acusación, se apartó de la Ley de Obras Públicas. Con los fondos liberados no se terminó lo que se conoce como la Ciudad Universitaria de San Javier; en cambio, se iniciaron y ejecutaron una serie de obras en distintas dependencias del Gran San Miguel de Tucumán, entre ellas la remodelación de la Casa Remis, sede de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la calle 25 de Mayo al 400.
El juicio oral se centró en la transferencia y uso de esos fondos mineros, que por norma debían financiar exclusivamente la Ciudad Universitaria de San Javier. Durante la gestión de Cerisola, resoluciones rectorales alteraron la estructura orgánica de la unidad responsable de Construcciones Universitarias y establecieron un régimen especial para administrar las obras, al margen del procedimiento previsto por la Ley de Obras Públicas. Bajo ese mecanismo se ejecutaron trece proyectos, que para la Fiscalía integraron un sistema discrecional y fraudulento de asignación de recursos. Las defensas, en cambio, sostuvieron que las decisiones contaron con dictámenes jurídicos, controles internos y se enmarcaron en la autonomía universitaria.
El juicio se inició a fines de mayo del año anterior y culminó con la lectura del fallo. Rubén Cerisola fue condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor del delito de fraude a la Administración Pública. Aunque la Fiscalía había pedido prisión preventiva, los magistrados decidieron que el condenado continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme. Las defensas anunciaron que apelarán el veredicto, por lo que la causa deberá atravesar instancias procesales adicionales antes de quedar definitivamente resuelta.
Fuente: Contexto Tucumán
