Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Salta, impulsado por la Diputada Griselda Galleguillos (Bloque Frente Liberal Salteño), está generando debate en el sector de los medios de comunicación. La propuesta busca establecer la obligatoriedad para todos los medios salteños, tanto audiovisuales como gráficos (impresos o digitales), de ceder un espacio diario gratuito para la difusión de mensajes de concientización, educación y promoción social elaborados por organismos públicos.
ADEPA advirtió que la iniciativa legislativa en la provincia de Salta vulnera principios constitucionales y podría poner en riesgo la sostenibilidad económica de los medios de comunicación, al imponerles la difusión obligatoria y sin costo de mensajes oficiales.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su profunda preocupación ante un proyecto de ley presentado en la provincia de Salta que obligaría a los medios de comunicación —audiovisuales, gráficos y digitales— a ceder de forma gratuita espacios para la difusión de contenidos producidos por organismos públicos.
Según la entidad, de aprobarse esta iniciativa, se estarían vulnerando derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, en particular los que resguardan la libertad de prensa y la libertad de expresión.
“Estos derechos incluyen no sólo la posibilidad de difundir información, sino también la libertad de decidir qué contenidos publicar. Ningún medio puede ser obligado a difundir mensajes en contra de su voluntad”, advirtió ADEPA en un comunicado.
La organización también cuestionó el impacto económico de la medida, ya que implicaría una carga patrimonial injustificada para los medios. Aunque no se trataría de una confiscación directa, la cesión gratuita de espacios podría equivaler a una expropiación parcial de ingresos sin compensación alguna, afectando la sustentabilidad del sector.
Si bien ADEPA reconoció que la promoción de campañas de concientización social es un objetivo legítimo, subrayó que existen mecanismos más respetuosos de las libertades democráticas. Entre ellos, mencionó las campañas voluntarias y los acuerdos institucionales como alternativas viables a la imposición legal.
En este contexto, la asociación instó a las autoridades salteñas a reconsiderar el proyecto y a entablar un diálogo constructivo con el sector periodístico. “Es posible alcanzar objetivos de interés público sin lesionar derechos fundamentales ni comprometer la viabilidad económica de los medios de comunicación”, concluyó el pronunciamiento.
