El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) rechazó por “inadmisible” el recurso de casación presentado por la defensa de integrantes de la autodenominada comunidad mapuche Fvta Xayen, en el marco de la causa por la ocupación de tierras en Tratayén. Se trata de un reclamo de la familia Galván, que tiene la escritura de ese campo, comprado en 1977, en una zona que era un desierto.
El TSJ rechazó el recurso de casación y declaró que no existe reconocimiento legal de la comunidad. El relevamiento territorial de la Ley 26.160 ya no está vigente por un decreto del presidente Javier Milei y se abre paso a un posible “desalojo”.
Pero los mapuches no están “ocupando” efectivamente las tierras en Tratayén, sino que más bien hay un tema con la posesión. Cada vez que los dueños del campo quieren trabajar (tenían una proyecto de alfalfa) “aparecen personas que se denominan de la comunidad” y frenan cualquier intento de intervenir, emparejar o cultivar una parte del campo.
De hecho, hace dos semanas se generó un incidente en el campo. Un agrimensor estaba tomando medidas y fue abordado por un sujeto, en representación de la comunidad. El tema terminó en una denuncia penal. Eso fue antes del fallo.
Mapuches: no están en los registros como comunidad
El pasado 31 de marzo, el máximo órgano judicial declaró por “inadmisible”, el recurso de casación presentado por los Fvta Xayen en el marco de una causa civil por interdicto posesorio, que fue iniciada por la familia Galván. La familia tiene un campo de 950 hectáreas, que poco menos de la mitad está en producción con frutales, cerca del paraje conocido como Los Pilares y Los Algarrobos.
Con este fallo, el TSJ cerró la puerta a la participación de la comunidad como tal, ya que no tiene reconocimiento legal ni inscripción en registros oficiales. La decisión también confirmó que la causa continuará solo contra personas físicas y no contra una comunidad indígena, lo que abre el camino para un eventual desalojo, en caso de que escale el conflicto.
“Corresponde advertir que a la fecha la Comunidad mencionada no ha acreditado encontrarse inscripta en ninguno de los registros, ni en el orden local, ni tampoco en el orden nacional (Registro Nacional de Comunidades Indígenas)”, afirmaron los jueces.
El recurso fue rechazado en todas sus partes y el TSJ resolvió tratar el planteo solo en relación con personas físicas y dejó fuera del proceso cualquier invocación colectiva de derechos por parte de una comunidad no reconocida. Se trata de Diego Rosales, Martín Mardones, Luis González, Horacio Romero y Liliana Romero, que se habían autodeterminado como parte de los Fvta Xayen.
El fallo introduce por primera vez una definición sobre la pérdida de vigencia del relevamiento territorial de la Ley 26.160, luego de su derogación por DNU.
Otro punto importante del fallo es que el TSJ también reconoce el cambio normativo tras el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/24, que eliminó la vigencia del relevamiento territorial que amparaba a comunidades indígenas frente a desalojos. De esta forma, se despejan los obstáculos judiciales que habían trabado causas durante años.
Un campo y la resistencia de dos hermanos
La causa había sido demorada en varias ocasiones por este motivo, ya que existía una interpretación de que mientras durara el relevamiento no podían avanzar procesos judiciales de desalojo. Con el fallo del TSJ, esa etapa quedó superada y se ordenó continuar con el trámite en primera instancia.
La familia Galván, propietaria del campo en Tratayén, inició una acción civil de interdicto posesorio, una figura jurídica que protege el ejercicio de la posesión ante actos de turbación, sin requerir demostrar el dominio. Pero la familia tiene la escritura del campo que en su momento compró Felix Galván, un vecino de Centenario que comenzó a trabajar la tierra, y que le llevó décadas levantar esas plantaciones de peras, manzanas y fruta de carozo. Galván falleció, en su momento dijo la familia por las amarguras del largo peregrinar judicial, y el campo quedó para los hijos, Carolina y Fernando.
Carolina Galván es una de las dueñas del campo ubicado en Tratayén. Su padre fue quien lo comró en 1977 y falleció en pandemia.
En este caso, no se alegó una usurpación, ya que los propietarios nunca fueron desplazados del predio, pero sí denunciaron intromisiones esporádicas, obstrucción al trabajo en el campo y actos de presión por parte de los ocupantes.
El objetivo del interdicto es defender la posesión sin que se perturbe su ejercicio, explicó una fuente del expediente. En términos legales, la comunidad no ocupaba el predio en forma permanente, pero sí impedía a los dueños ejercer libremente su derecho de propiedad, frenando máquinas, amedrentando trabajadores o apareciendo en momentos clave. Por eso, el TSJ avaló continuar con la causa civil.
El expediente judicial también enfatizó que la creación de la comunidad fue oportunamente impugnada por los propietarios, por falta de antecedentes en la zona. No se acreditó arraigo, ni vínculos históricos con el territorio, ni existencia comunitaria previa. Tampoco hubo respaldo de registros oficiales ni del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Incluso hay un conflicto familiar, ya que parte de la familia Mardones se fue con la Confederación Mapuche del Neuquén en reclamo de esas tierras y la personería, y otra parte se quedó como criancera, sin admitir pasado mapuche alguno.
Fernando Galván es otro de los hermanos dueños el campo. Tienen un largo peregrinar judicial con los Fvta Xayen, quienes eran “sus vecinos”.
Pese a ello, el juzgado de primera instancia le dio una participación limitada a Fvta Xayen como supuesto actor colectivo, lo que fue apelado por la defensa de los propietarios. El fallo del TSJ desarma definitivamente esa participación, al ratificar que no puede actuar como comunidad porque no tiene personería ni reconocimiento de ningún tipo.
El campo de la familia Galván fue tomado a mediados de 2017, cunado estuvo el caso en auge de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento, las comunidades habían tomado poder de fuego, incluso en zonas donde no tenían personería jurídica. Había llegado una orden de desalojo, y antes de que los ocupantes fueron enjuiciados por el delito de usurpación, fueron beneficiados por una mediación penal en el Ministerio Público Fiscal.
Hubo un acuerdo, donde los integrantes de los Fvta Xayen reconocieron a los propietarios de los campos (Galván, y también en otras zonas lindantes como Formaro, Ferracioli, y Paredes) pero los actos de turbación siguieron sucediendo en las tierras de los Galván. En 2021 hubo un intento de usurpar el campo.
