Mientras desde el Gobierno trabajan para reducir burocracia y bajarle costos innecesarios a las empresas, con derogación de normas viejas y nuevas medidas, en el ámbito judicial no sucede lo mismo. La litigiosidad en materia laboral está volviendo a crecer fuerte y atenta contra los intentos oficiales de lograr que el sector privado sea más competitivo. Lo advirtió días atrás el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, durante el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y lo constatan los datos, que muestran un rebote importante de lo que los empresarios llaman “industria del juicio”.
El directivo, y además abogado laboralista, se refirió a las multas en los juicios laborales que “siguen siendo un problema que no se logró corregir pese a los intentos de reforma” y también habló de un repunte en los juicios por riesgos de trabajo, que genera una gran preocupación en las empresas porque si el escenario actual no cambia, esta mayor litigiosidad podría verse trasladada a un mayor costo de las ART para las compañías.
“Vemos que el índice de litigiosidad ha vuelto a crecer, y eso es algo que debemos corregir urgentemente. La ley de riesgos de trabajo sirvió en su momento, pero ahora estamos ante una nueva ola de demandas”, señaló Funes de Rioja, quien agregó: “Este aumento en los litigios representa un costo significativo para las empresas, que enfrentan no solo las demandas de los trabajadores, sino también el rol de los peritos y abogados, cuyos honorarios están directamente relacionados con el monto de las indemnizaciones. Es un una calamidad que persiste”.
De acuerdo con un exhaustivo informe realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), desde el 2017, año récord en presentación de demandas por accidentes laborales y año en el que se reformó la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 27.348), la cantidad de juicios comenzó a descender, pero a partir del piso que encontró en 2020, tras la pandemia, el crecimiento fue exponencial. El año pasado se iniciaron 117.348 nuevas demandas y la estimación para este año indica que habrá unos 124.000 nuevos juicios, según indicó a Infobae la presidente de la UART, Mara Bettiol.
La Ley que reformó el sistema en 2017 exigía al poder judicial de las provincias adheridas que se cree el Cuerpo Médico Forense con profesionales elegidos por concurso; que cobren honorarios por acto médico y no acoplados al monto de la sentencia; que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos y el Listado de Enfermedades Profesionales y que intervengan en todos los casos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como no tiene desarrollado su fuero laboral, esa competencia le corresponde a la Corte Suprema.
