La Legislatura de Neuquén aprobó este jueves, con 30 votos a favor, la inhabilidad moral de la vicegobernadora Gloria Ruiz, por lo que será desplazada de su cargo hasta abril de 2027. Cinco diputados pidieron la abstención, que fue sometida a votación y no fue autorizada por no tener los votos suficientes. Por eso, los diputados de los bloques FIT y UxP se retiraron de la sesión y no emitieron su voto.
La sesión estuvo atravesada por un tenso debate durante más de cuatro horas y media. El primero en tomar la palabra fue el diputado del MPN, Claudio Domínguez, que comparó el caso de Ruiz con el del senador Eduardo Kueider, que fue expulsado en el Congreso de la Nación. Explicó que podría haberse definido la expulsión por inhabilidad moral en el recinto con dos tercios de los votos y, sin embargo, se decidió abrir una comisión investigadora y ofrecer dos instancias de defensa de Ruiz. “Eso habla de la amplitud de esta cámara”, dijo.
Domínguez criticó el proceso de defensa de la vicegobernadora, temporalmente suspendida: “Es la segunda persona más importante de la Provincia de Neuquén y estuvo tratando de embarrar la cancha, generar distracciones y victimizarse”. Aseguró que ella denunció que los diputados eran presionados a votar en su contra cuando en la última sesión especial tuvieron que escuchar la presión desde las tribunas.
Con la misma línea argumental, el diputado de Neuquinizate, Francisco Lépore, llevó al recinto una presentación de diapositivas para hacer un resumen de la investigación y graficar el proceso ante el resto de los diputados. Aseguró que “limitamos los hechos que se podían constatar y que tienen relevancia” para la comisión investigadora, ya que también habían detectado “otras irregularidades que eran menores y decidimos ignorar”.
A modo pedagógico, presentó las pruebas con un árbol que mostraba los contratos irregulares de al menos tres personas que trabajaban en la Legislatura. “El asesor de prensa que venía a trabajar y no estaba designado, ni siquiera ad honorem, y la persona que cobraba un sueldo no venía a trabajar”, dijo y aclaró que no se pudo acreditar ninguna de las funciones que le atribuían a ella. Por ejemplo, que colaboraba en la elaboración de un proyecto de ley de educación que nunca se presentó.
Lo mismo pasó con el asesor legal de la Legislatura, Eduardo Olate, que cobraba a través de su esposa, y de la responsable de redes, Carina Salvatierra, que cobraba a través de su hermana. “Y que además vive en Buenos Aires”, afirmó mientras mostraba las diapositivas.
El peronismo apuntó a una “persecución política”
La diputada de Unión por la Patria (UxP), Lorena Parrilli, aseguró que la celeridad con la que se hizo el proceso para expulsar a la vicegobernadora, de sólo tres semanas, demuestra que se trata de una persecución política y no de un proceso judicial por un ilícito.
“Nuestra abstención se basa en que la acción de la comisión investigadora que es bochornosa“, dijo y aclaró que no hay objetividad en el proceso. “El gobernador creerá que esto no le toca y sí le toca, porque es su vicegobernadora”, dijo y recordó que Cristina Fernández de Kirchner terminó el mandato con un vicepresidente como Julio Cobos, que votó en contra de la ley de retenciones. “Y no se lo expulsó ni se lo destituyó”, dijo.
