En las ultimas horas se conoció en Catamarca la existencia de 21 denuncias que presentó la Obra Social de los Empleados Públicos contra varios de sus prestadores.
Apuntan a maniobras con las que profesionales, clínicas y sanatorios se las arreglan para cobrar órdenes y consultas médicas que en la realidad no se practican.
La Fiscalía de Instrucción Nº6, a cargo de Facundo Barros Jorrat, avanza sobre los detalles y la determinación de la existencia de delitos.
Estas prácticas que se presumen fraudulentas se concentran en dos grupos: por un lado las que son pergeñadas por los profesionales; y por el otro, las que son orquestadas por los sanatorios, clínicas y centros de estudio o análisis privados.
La maniobra que realizan los centros de atención médica es igualmente desleal, puesto que en la mayoría de los casos se trata de personas que sí recibieron atención médica, pero cuya estadía en los sanatorios o clínicas fue inferior al que realmente estos pacientes ocuparon.
Según publica este domingo el diario El Ancasti en su versión en papel, uno de los casos denunciados ocurrió en Andalgalá en enero de 2023, cuando una mujer se presentó en una farmacia para comprar una orden de consulta y no se la vendieron porque en el sistema figuraba como internada. De inmediato se acercó a la Delegación de OSEP en ese Departamento y allí le informaron que llevaba tres días internada en un sanatorio.
Pero el caso más sorprendente ocurrió en el Departamento La Paz y se descubrió gracias a una situación similar que la mencionada de Andalgalá. En Frías, una afiliada de la OSEP se acercó a comprar una orden médica y no pudo porque figuraba internada, y además registraba dos pedidos de análisis clínicos autorizados que se habían practicado durante el primer semestre de 2023.
Sorprendida, fue al Sanatorio a quejarse y la atendió una empleada del área de Facturación, quien le respondió que “por orden del encargado” habían decidido registrarla como internada para poder cobrarle una internación que había tenido cuatro años antes, en 2019, cuando efectivamente se había sometido a una cirugía. Según le explicaron, lo hicieron porque en ese momento “los médicos no habían podido cobrar aquella práctica”. La situación se agravó incluso, ya que la afiliada reclamó que en aquel momento se habían pagado todos los coseguros correspondientes porque tenía cobertura por el plan de la obra social de su padre.
Otro antecedente, pero esta vez no denunciado sino señalado al mismo diario, involucra a un sanatorio de la Capital. Allí, una afiliada ingresó internada un día domingo con algunos dolores, que fueron estabilizados y recibió el alta el lunes por la mañana. Sin embargo, le encargaron estudios médicos para que se practicara el día martes. Cuando fue el martes, le sugirieron que lo hiciera el jueves. Ese día finalmente se realizó el estudio, pero luego detectó que el alta en la obra social se registró no el lunes sino el jueves, con lo que para la OSEP su internación no fue de una noche sino de tres.
Por otra parte, la maniobra que involucra a los profesionales es la más conocida y denunciada tanto en médicos, como odontólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas y otros profesionales auxiliares de la medicina: los afiliados de la obra social descubren en el historial de consultas médicas que se registraron prácticas que ellos niegan haber solicitado en algún momento.
Esto se empezó a descubrir desde que los usuarios pueden ver en la aplicación móvil de la OSEP un registro de prácticas en el pasado. Para que esto funcionara con el sistema tradicional de las órdenes, era necesario que el profesional emitiera una orden a nombre de un paciente, pagara el coseguro y luego presentara la orden como utilizada para su correspondiente facturación.
Esta es la maniobra que se le endilga al intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, que en efecto es uno de los 21 denunciados por OSEP semanas atrás.
Una situación similar atravesó una mujer, que según se registró en la denuncia, se encontró en el historial de la aplicación órdenes de consulta odontológicas emitidas a nombre de su hijo. La afiliada aseguró que nunca solicitó, ni requirió esas órdenes para el niño, y que este mucho menos había recibido una atención odontológica. Fue uno de los casos que la OSEP presentó en la Justicia, bajo el asesoramiento legal del abogado Adrián Sabadzija.
El caso del intendente de La Puerta
El intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez (UP), es uno de los denunciados por la OSEP por el supuesto cobro de órdenes médicas que nunca fueron practicadas. Al respecto, oportunamente se defendió y aseguró que se trata de una maniobra habitual en los pueblos, en la que se prestan órdenes entre familiares y amigos: “¿Quién no prestó el carnet alguna vez?”, dijo.
A Gómez lo denunció una vecina de La Puerta, que descubrió que tenía registradas 33 órdenes a nombre de su hijo, que aseguró nunca haber recibido. Según explicaron los vecinos del municipio, la maniobra era pergeñada entre Gómez y otras personas: se acusó que el intendente adquiría las órdenes a nombre de distintos vecinos de La Puerta, pagaba el coseguro y luego las facturaba a la OSEP como si hubiera atendido a esos pacientes, aunque en la realidad no fueran atendidos. Esta maniobra le generaba un saldo a favor de $4.500 aproximadamente por cada orden médica facturada.
Como antecedente, durante la pandemia de COVID-19 la Municipalidad emitió una resolución en la que sería el propio municipio el que pagaría las órdenes de OSEP y se informó que cada vecino podía solicitar hasta tres órdenes por mes, por las que respondería la Municipalidad.
