El juicio por las presuntas irregularidades en el manejo de fondos mineros de YMAD por parte de exautoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) sumó ayer miércoles una nueva jornada de fuertes acusaciones por parte del Ministerio Público Fiscal. En su intervención ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán, la fiscal auxiliar Lucía Doz Costa sostuvo que los imputados incurrieron en maniobras dolosas que configuran corrupción institucional y reclamó una respuesta penal proporcional a la magnitud del daño causado.
La fiscal fue enfática al sostener que el mecanismo diseñado por el ex rector Juan Alberto Cerisola, junto a los ex funcionarios Luis Fernando Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino, no fue un mero atajo administrativo, como alegaron las defensas, sino “un sistema estructural orientado a facilitar la defraudación al erario público”. El esquema –sostuvo– operó fuera de las normas legales vigentes, con contrataciones discrecionales y sin controles.
Doz Costa citó como eje argumental el informe del ingeniero Francisco Guzmán, perito de la Corte Suprema, quien documentó “decenas de irregularidades formales, administrativas, contractuales y presupuestarias” en 13 obras universitarias. Señaló que estos indicios, conocidos como “red flags” en la ingeniería forense aplicada a casos de corrupción, evidencian maniobras fraudulentas reiteradas y sistemáticas, con un claro perjuicio económico para la UNT.
La jornada transcurrió en su mayor parte de forma remota: tanto los jueces Jorge Alejandro Basbús, Ana Carina Farías y Enrique Lilljedahl, como los imputados y sus abogados defensores, Silvia Peyrachia, Rosa Luz Casen, Víctor Taleb, Alfredo Falú y Pamela Tenreyro, siguieron la audiencia por videoconferencia. El único presente en la sala fue el querellante Patricio Esperguín.
Durante su exposición, la fiscal también advirtió sobre otras irregularidades que exceden a los acusados, como la participación del entonces director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, y del actual secretario general José Hugo Saab, quienes intervinieron en el proceso que permitió legitimar el régimen paralelo de contrataciones. “Se creó un sistema propio para eludir controles y flexibilizar principios básicos de la contratación pública, y ni siquiera ese sistema se respetó”, denunció.
Uno de los puntos más críticos fue la renuncia, por parte de Cerisola, al 40% de las utilidades de YMAD destinadas a concluir la Ciudad Universitaria, decisión que, según la fiscal, fue tomada antes de contar con dictamen jurídico. Esta renuncia permitió a la UNT utilizar esos fondos como recursos de libre disponibilidad, lo que derivó en gastos informales y discrecionales, sin planificación, incluyendo compras de vehículos y otros bienes no vinculados a infraestructura.
La exposición también apuntó directamente contra Sacca, quien, a juicio del Ministerio Público, jugó un rol central en la autorización de gastos y contrataciones, excediendo las funciones propias de su cargo. “Es evidente que Sacca tenía una relevancia determinante en la gestión de Cerisola”, subrayó Doz Costa.
Por razones personales de los magistrados, la audiencia se suspendió antes de que la fiscal concluyera su alegato, que continuará este jueves. Luego será el turno de Agustín Chit, también fiscal en la causa, cuya exposición se extendería hasta el lunes próximo. A continuación, se presentarán los alegatos de la querella y, posteriormente, las defensas. El veredicto se conocería recién en agosto, tras la feria judicial de invierno.
La causa involucra fondos millonarios que llegaron a la UNT entre 2006 y 2010, derivados de la participación accionaria en la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La ley exige que esos recursos sean utilizados para concluir la Ciudad Universitaria; sin embargo, el Ministerio Público sostiene que fueron desviados en forma arbitraria y sin respaldo legal.
Fuente: Contexto Tucumán
