Mientras el caso Cacho Garay se encuentra desde meses en una maraña de breves audiencias que parecen interminables y cuyo resultado deberá determinar ser si el humorista debe ser juzgado -y por cuáles de los 10 delitos que se le imputan- la situación de quien fuera conocida mediáticamente con “la presunta cómplice” -Sandra Astudillo Staffolani (60)– se encuentra en una suerte de limbo, sin que se sepa si, a futuro será juzgada o si bien será, finalmente, sobreseída.
Por lo pronto, tras la presente feria judicial, la jueza Natacha Cabezas seguirá sumando audiencias para tratar la oposición a juicio planteada por Daniel Romero, abogado del acusado, que también ha solicitado el sobreseimiento de su cliente, quien se encuentra en libertad desde abril pasado, tras dos años de detención.
Tanto Romero como la fiscal de Violencia de Género, Mónica Fernández Poblet, y los querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena se encuentran expectantes por el resultado de estas audiencias donde lo importante es saber por cuántos y cuáles de los delitos que se le imputan, será juzgado finalmente el comediante.
El humorista Cacho Garay, llegando al Polo Judicial – Foto: Archivo Los Andes
En este sentido, la situación de Sandra Astudillo Staffolani -quien recibió el beneficio de la libertad en diciembre de 2023, a pedido de su defensor, el abogado Carlos Moyano- resulta de interés también para Cacho Garay, si el hombre llegara a ser juzgado.
Astudillo sigue imputada por “abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, todo en concurso real y en contexto de violencia de género”.
Pero este expediente, por ahora, no ha sido elevado a juicio por parte de la Fiscalía de Violencia de Género, mientras que las causas contra Garay fueron elevadas a juicio en octubre de año pasado. Esta situación -de mantenerse así- es beneficiosa para el humorista ya que entonces se “caería” uno de los delitos más graves que lo tienen como sospechoso.
Es decir, si la mujer no es juzgada por el abuso sexual agravado por ser cometido por dos o más personas, tampoco podría ser juzgado Garay: si el delito no existe para ella, tampoco existiría para él. El futuro dirá si esta hipótesis que sostiene la defensa, finalmente se cumple o si bien, la fiscalía reflota la causa contra la trabajadora de la Legislatura.
Las acusaciones
Según el expediente, en fecha indeterminada -pero entre 2011 y 2013-, se habrían cometido los presuntos abusos que, en conjunto, habrían cometido Garay y Astudillo.
Según Verónica Macías -la denunciante- el hombre habría filmado esas presuntas agresiones sexuales pero lo cierto es que estos videos nunca pudieron ser encontrados: el teléfono del acusado nunca pudo ser abierto.
Se trata de un Motorola bloqueado con un código alfanumérico. El aparato fue peritado por Delitos Tecnológicos en Mendoza y luego por la Policía de CABA y los especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siempre con resultado negativo.
Tampoco se encontró material de interés en algunos dispositivos electrónicos, como memorias, cámaras o videos en VHS que fueron entregados por los abogados querellantes ya que estaban vacíos.
Verónica Macías, la denunciante
La acusación sostiene que “Garay habría obligado a Verónica Macías en reiteradas oportunidades a mantener relaciones sexuales con él y Sandra Astudillo. Cuando la víctima se negó, el hombre la habría obligado amenazándola con un arma que siempre tenía en la mesa de luz y además los dos acusados la habrían obligado a ingerir tranquilizantes”.
El primero de los abusos sexuales perpetrados por Garay y Astudillo habría sido en el año 2011, y Astudillo le habría realizado tocamientos a Macías en contra de su voluntad. Luego ambos habrían mantenido relaciones sexuales no consentidas. “Ante la conmoción de la víctima, Astudillo la habría tomado con fuerza del cabello, arrojándola al suelo y dándoles patadas, para luego tirarle un balde de agua, llevarla hasta la ducha y darle un zomit y un clonazepan”, sostiene la acusación.
En otra ocasión, en 2013, los dos acusados habrían obligada a la víctima a mantener relaciones sexuales y ante la negativa, Astudillo le habría dicho: “hay que matar a esta pendeja, me va a meter en un quilombo”. Entonces Garay habría apuntado un arma contra la cantante y le habría dicho: no te vas a ir a ningún lado”.
Desde que fuera detenido el 12 de abril de 2023, tras ser denunciado por su ex pareja, pesan sobre Garay una acusación conformada por 10 delitos: “amenazas simples, amenazas agravadas por el uso de arma, coacciones simples, coacciones agravadas por el uso de armas, robo simple, tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil (tres hechos), abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual doblemente agravado por ser con acceso carnal y por ser cometido por dos personas y con el uso de armas en un número indeterminado de hechos, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra una persona a quien se debe respeto particular en un número indeterminado de hechos y desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género”, según consta en el expediente judicial.
Fuente: Los Andes
