Desde el 1° de julio de 2025, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en la Argentina se fijó en $317.800 para trabajadores mensualizados con jornada legal completa, de acuerdo con la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora quedó establecido en $1.589.
Esta modificación forma parte de una serie de actualizaciones mensuales previstas por el Poder Ejecutivo, que continuará en agosto con un nuevo incremento: el piso salarial pasará a $322.000 mensuales y $1.610 por hora. La medida fue dispuesta tras no alcanzarse un acuerdo en el Consejo del Salario, donde participan representantes sindicales, empresarios y el Estado.
La resolución aclara que estos montos son obligatorios en todo el país, tanto para el sector público como privado, y se aplican a los trabajadores incluidos en el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). No incluyen asignaciones familiares y deben abonarse en forma regular y efectiva.
Un derecho constitucional con impacto directo en la vida laboral
El Salario Mínimo, Vital y Móvil es un derecho garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y reglamentado por la ley laboral. Su objetivo es asegurar que todo trabajador reciba una remuneración que cubra sus necesidades básicas y las de su grupo familiar, incluyendo alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, transporte y esparcimiento.
La palabra “vital” hace referencia a su función de sostener condiciones dignas de vida, mientras que el término “móvil” implica su actualización periódica de acuerdo con el costo de vida, la inflación, la productividad y la situación del empleo. Este carácter adaptable busca preservar el poder adquisitivo frente al avance de los precios.
Además, el salario mínimo en Argentina se ajusta a lo estipulado por el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece criterios para la fijación del SMVM. Cabe destacar que no puede ser embargado, salvo en casos de deudas alimentarias, lo que protege una parte fundamental del ingreso del trabajador.
Impacto en planes sociales y programas educativos
El aumento del salario mínimo tiene efectos que van más allá del mercado laboral. Diversos planes sociales, prestaciones previsionales y beneficios educativos se actualizan automáticamente al modificarse este valor. Uno de los más relevantes es la Prestación por Desempleo, que se calcula como el 75% del mejor salario neto mensual de los seis meses previos al despido.
Sin embargo, la ley establece un piso y un techo: el monto no puede ser menor al 50% ni mayor al 100% del SMVM vigente. Por lo tanto, en julio de 2025, esta prestación oscila entre $158.900 y $317.800.
También el sistema previsional toma como referencia el SMVM. Los jubilados que cobran el haber mínimo deben percibir al menos el 82% del salario mínimo, lo que eleva esa jubilación a aproximadamente $260.596. Si el monto no se alcanza, el Estado otorga un suplemento compensatorio.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el ingreso familiar máximo para acceder al beneficio se redefine cada vez que sube el SMVM, ya que debe estar por debajo de ese umbral. Algo similar ocurre con las Becas Progresar, que establecen como condición que el ingreso familiar no supere tres veces el salario mínimo, lo que lleva ese límite a $953.400 mensuales en julio.
