Un escándalo total sacude al Concejo Deliberante de Tartagal por el despido de Sebastián Galarza, un joven trabajador con una pensión por discapacidad que se desempeñaba desde hace 18 años en el organismo. El hecho generó conmoción en sus compañeros y en los sindicalistas ya que el cese de actividades fue comunicado de manera abrupta el pasado lunes 30 de junio, minutos antes del cierre de su jornada laboral.
Según relataron Sandra Hoyos y Aníbal Esquivel, representantes gremiales, el despido de Galarza del Concejo Deliberante se produjo en un horario inoportuno y sin explicaciones claras. Los gremialistas calificaron la situación como una falta de respeto hacia un trabajador con una trayectoria intachable y una condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con el testimonio brindado por los gremialistas, la justificación oficial del despido se basó en un supuesto ajuste de personal, priorizando a los empleados más vulnerables. Sin embargo, denunciaron que la condición de Galarza, quien depende de su pensión por discapacidad, lo convierte precisamente en uno de los más vulnerables.
El caso de Galarza puso en manifiesto las deficiencias en el sistema de contrataciones del municipio de Tartagal y del Concejo Deliberante. Los gremialistas advierten sobre la existencia de numerosos trabajadores sin contratos formales, quienes temen perder sus beneficios sociales al regularizar su situación laboral. “Muchos trabajadores no quieren firmar contrato por miedo a perder la pensión. Pero eso los deja sin cobertura de salud, sin jubilación, sin derechos”, explicaron.
La desvinculación de Galarza generó una profunda preocupación por su estado anímico. Los gremialistas lo encontraron devastado y lo convencieron de regresar a su puesto de trabajo, donde permanecieron junto a él en señal de apoyo. “Este chico tiene que volver a trabajar. Tiene contrato, como muchos otros. Fue una decisión arbitraria y cruel”, sostuvo Hoyos.
La respuesta del Concejo Deliberante
Ante las críticas, el presidente del Concejo Deliberante, Sergio Leguizamón, reconoció la medida de reducción de personal, pero aseguró que se buscaba afectar a los “menos vulnerables”. Los gremialistas exigen la reincorporación inmediata de Galarza y una revisión exhaustiva de las condiciones laborales de todos los empleados del Concejo, solicitando mayor sensibilidad por parte de las autoridades.
Fuente: Voces Críticas
