En un fallo sin precedentes, la Justicia Federal homologó un acuerdo reparatorio que beneficiará a 18 trabajadores originarios explotados laboralmente en condiciones infrahumanas en una finca de Santa Victoria, Salta. Cada víctima recibirá más de dos millones de pesos, en lo que constituye una de las reparaciones más significativas en materia de trata laboral en el país.
El convenio fue formalizado el pasado 23 de junio por el juez de Revisión Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, tras el trabajo conjunto de la fiscal federal Lucía Orsetti —a cargo de la sede descentralizada de Tartagal— y el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar.
El imputado, Jesús Isauro Erazo, fue acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el número de víctimas, el abuso de situación de vulnerabilidad y la concreción del hecho. Según la investigación, entre noviembre y diciembre de 2023, Erazo captó a miembros de comunidades originarias de El Cañaveral y San Luis con falsas promesas de empleo en la finca “Los Chilenitos”, ubicada en el paraje Tonono.
Los trabajadores fueron trasladados en una camioneta hasta el predio, donde debían realizar tareas de limpieza de campo. Sin embargo, al llegar fueron sometidos a condiciones de extrema precariedad: alojados en campamentos improvisados con plásticos, sin agua potable, con escasa comida descontada de sus salarios y con temperaturas cercanas a los 50 °C. Las herramientas de trabajo eran rudimentarias y el pago prometido jamás fue entregado.
La situación llegó al límite cuando uno de los obreros cayó enfermo. Tres trabajadores huyeron de noche del campamento, perseguidos con linternas, hasta llegar a pie a una comunidad cercana, donde pidieron auxilio. Ese mismo 18 de diciembre, una denuncia anónima a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate permitió que Gendarmería Nacional liberara al grupo y se iniciara la causa judicial.
El acuerdo homologado contempla el pago total de 36 millones de pesos, más un ajuste de 500 mil pesos por inflación, a dividirse entre los 18 afectados. Además, como parte del resarcimiento social, el imputado deberá realizar tareas comunitarias durante seis meses en un hogar de ancianos de Tartagal.
La fiscal Orsetti destacó que, aunque el acuerdo se aparta de la vía punitiva tradicional, representa una respuesta “proporcional, racional y efectiva” para las víctimas, que fueron informadas y manifestaron su consentimiento. El defensor Escandar subrayó que se trató de una salida excepcional, viable económicamente y con respaldo legal en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal y el Protocolo de Palermo.
La causa seguirá abierta y, en caso de incumplimiento, el proceso penal podría reactivarse. El juez valoró la reparación, pero exigió agregar un componente de responsabilidad social, motivo por el cual se incorporaron las tareas comunitarias como parte del proceso de reflexión del imputado.
