Un grupo de sobrevivientes, familiares de los fallecidos y representantes de organismos de Derechos Humanos de toda la región se reunieron en la puerta de la Capilla del Rosario, en Fray Mamerto Esquiú, para recordar el 50º aniversario de la masacre de 16 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo, que tenían planeado copar el Regimiento de Infantería Aerotransportada 17, en 1974.
Se leyó un documento firmado por más de una docena de agrupaciones de Derechos Humanos en el que se reclamó que sobre la Masacre de Capilla del Rosario “se extiende un manto de impunidad hasta nuestros días, que pretende ocultar la existencia del plan sistemático de exterminio previo al Golpe Cívico Militar de 1976”.
Recordemos que los grupos terroristas que operaban en aquellos años en la Argentina, lo hacían atentando contra militares, fuerzas de seguridad y civiles, en pleno ejercicio democrático del gobierno que encabezara Juan Perón primero, e Isabel Martínez tras el deceso del líder justicialista.
Casi cuarenta años después, sentado como testigo frente al tribunal, el exsoldado conscripto José Gambarella recordó sin perder el espanto el infierno que vivió el 12 de agosto de 1974, cuando estaba haciendo el servicio militar y vio cómo fusilaban a 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) que, acorralados, se habían rendido ante tropas del ejército en la Quebrada de los Walther: “Vi caer al primer joven que salió con las manos en alto y a una queriéndose cubrir la cara y vi caer a cuatro más. Ahí, soy sincero, me hice para atrás, no quise seguir mirando, me alejé unos metros. Lo que me sorprendió es que yo estaba prestando servicios, era un soldado, y a nosotros nos enseñaban que ante un paracaidista había que esperar que llegue a tierra para matarlo en caso de guerra; si lo mataban en el aire era un fusilamiento. En caso de guerra, había que tomarlos prisioneros, todo eso me vino a la cabeza, porque si se rindieron, ¿por qué los matamos?, ¿por qué no los tomamos prisioneros?”.
Durante el juicio, realizado en 2013, cerca de cincuenta testigos fueron aportando datos que permitieron reconstruir, por primera vez ante la justicia, el desarrollo de los hechos que terminaron con lo que pasó en la historia argentina reciente como la Masacre de Capilla del Rosario.
Después de escucharlos, en agosto de ese año el tribunal del juzgado oral federal de Catamarca, integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Jiménez Montilla, condenó a prisión perpetua por los delitos de “homicidio calificado, agravado por alevosía y por el concurso de dos o más personas en 14 hechos” a los oficiales del ejército Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta.
En agosto de 1974, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, el Ejército Revolucionario del Pueblo planeó dos operaciones simultáneas -en diferentes provincias- contra cuarteles del ejército para conseguir armas, municiones y explosivos. Uno de ellos tendría como blanco la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, cerca de la ciudad cordobesa de Villa María, y el otro el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 en San Fernando del Valle de Catamarca. Pero fueron descubiertos, acorralados, y finalmente fusilados.
En agosto de 2013, los tres represores fueron condenados a prisión perpetua, pero tres años después la la Cámara Federal de Casación Penal revocó las penas y declaró a los condenados “absueltos de culpa y cargo”.
En 2017, el fiscal de la causa recurrió estas absoluciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, luego de que el procurador fiscal ante la Corte acordara con los argumentos del fiscal, el máximo tribunal volvió a imponer las tres condenas originales.
