Salta: ordenaron la suspensión del juez Claudio Parisi tras las investigaciones en su contra

El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Salta resolvió hoy, por unanimidad, suspender al juez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, y allanar su inmunidad constitucional. La decisión se tomó tras analizar el pedido presentado por el Juez de Garantías de Primera Nominación de ese distrito, quien solicitó el allanamiento debido a una investigación en curso.

La resolución, encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero Cornejo, fue tomada luego de que el tribunal evaluara los antecedentes del caso del juez Parisi. Según establece la Ley 7138, el proceso para levantar la inmunidad de magistrados debe considerar los aspectos políticos y éticos del caso, en lugar de centrarse exclusivamente en lo jurídico, con el fin de preservar el prestigio y el buen funcionamiento de la Justicia.

El Jurado subrayó que el pronunciamiento de desafuero no implica un prejuzgamiento sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, ni adelanta el resultado del proceso penal que enfrenta. En cambio, destacó que la medida reviste un carácter político institucional, enfocada en garantizar la seriedad de la imputación, sin intervenir en cuestiones judiciales.

El tribunal que tomó la decisión de suspender a Claudio Parisi estuvo integrado por altas autoridades judiciales y legislativas, entre ellos el juez de la Corte Pablo López Viñals, el senador Jorge Pablo Soto por la mayoría de la Cámara de Senadores, el senador Javier Mónico Graciano por la minoría, el diputado Esteban Amat en representación de la mayoría de la Cámara de Diputados, el diputado Juan Carlos Roque Posse por la minoría, el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina, y los abogados Luis Guillermo López Mirau y Pedro Mellado.

El proceso de suspensión del juez Parisi se origina en una investigación penal en su contra, cuya naturaleza no ha sido revelada en detalle hasta el momento. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento ha señalado que su decisión se fundamenta en la seriedad de la imputación presentada y la necesidad de salvaguardar el correcto funcionamiento del sistema judicial