Una investigación judicial reveló la existencia de una presunta organización criminal dedicada a la usurpación y venta fraudulenta de propiedades en Tucumán, que operaba bajo un esquema sistemático de estafas, abuso de confianza y falsificación de documentos.
Por el caso ya fueron imputados y se encuentran con prisión preventiva un policía, un abogado y un comerciante, aunque la fiscalía estima que hay al menos una decena más de implicados que aún no fueron identificados formalmente.
La causa, que comenzó con una denuncia por administración fraudulenta, cobró fuerza tras la detención del oficial Daniel Chavarría, quien prestaba servicios como custodio en un centro comercial y retenía los pagos de alquiler sin rendir cuentas al propietario.
A partir de este hecho, surgieron nuevas denuncias que permitieron a la fiscal María del Carmen Reuter y su auxiliar Paula Bellomío desentramaron una red que operaba desde febrero de 2023, con métodos que incluían la usurpación violenta de inmuebles y la posterior venta ilegal de los mismos mediante documentación apócrifa.
Según los fiscales, el grupo apuntaba a propiedades en litigio sucesorio o deshabitadas, muchas de ellas pertenecientes a personas mayores o ausentes.
Una vez detectadas, procedían a ocuparlas ilegalmente, muchas veces expulsando a los legítimos dueños por la fuerza. Luego, abogados y colaboradores del entorno armaban escrituras y boletos de compraventa falsos para comercializarlas con terceros de buena fe.
Entre los implicados figura el policía Daniel Chavarría, señalado como líder de la banda; Walter Reynoso, vendedor callejero que colaboraba en la identificación de viviendas vulnerables; y el abogado Leonardo Panigutti, acusado de ejecutar las gestiones legales para legitimar las operaciones fraudulentas.
Durante la audiencia, Bellomío remarcó que la estructura de la banda se sustentaba en el uso de conexiones institucionales y en la manipulación del sistema judicial: “Se valían de la influencia policial para obtener información sobre denuncias en curso y determinar el mejor momento para ingresar a las propiedades”. La investigación, en etapa preliminar, ya cuenta con al menos 13 denuncias y se espera que surjan más víctimas en los próximos días.
Uno de los casos más resonantes es el del ex tenista tucumano Roberto Saad, actualmente residente en Estados Unidos. Saad y su familia descubrieron que su casa, ubicada en calle Balcarce al 100, había sido ocupada ilegalmente y que el grupo intentaba venderla utilizando documentos fraguados, incluso falsificando la firma de un familiar fallecido.
El abogado querellante Ernesto Baaclini destacó el rol de los fiscales en la rápida actuación para recuperar la propiedad: “Con casi nada, descubrieron una organización muy sofisticada”, señaló.
El juez interviniente hizo lugar parcialmente al pedido fiscal y dictó prisión preventiva por cuatro meses a los tres imputados principales, mientras continúa la investigación para identificar al resto de los involucrados, entre los que habría más abogados y agentes de fuerzas de seguridad.
Las voces de los querellantes fueron unánimes en exigir firmeza de la Justicia. “Resulta alarmante que se hayan utilizado herramientas jurídicas e institucionales para legitimar maniobras claramente delictivas”, expresó el abogado Ernesto García Biagosch. José María Molina, otro de los representantes legales de las víctimas, advirtió sobre el perfil vulnerable de los damnificados y la sistematicidad del delito: “No son hechos aislados, sino un accionar planificado”, aseveró.
Con múltiples pruebas en marcha —incluidas pericias de celulares secuestrados que revelan la participación de nuevos actores—, la Justicia tucumana sigue adelante con una causa que podría exponer una de las redes de estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en la provincia.
