La fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, envió a juicio a los cinco imputados por el homicidio de Marcelino Pachado, ocurrido el 7 de febrero de 2017 en la ribera de Río del Valle, detrás del predio del ex hotel Sussex, en el Sur de la Capital. Se trata de Cristian Marcelo Barros (padre), Nery Nelson Barros, Cristian Alejandro Barros, Marcelo Exequiel Barros, y a Gustavo Exequiel Varela por “homicidio agravado por alevosía”.
El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2017 entre la 1.30 y las 3 en el domicilio de la familia Barros, en Barrio Montecristo, donde se encontraban Marcelino Pachado, quien fue atacado a golpes de puño y con elementos contundentes, aprovechando que estaba ebrio y en total estado de indefensión. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, causándole graves fracturas en el rostro, la cabeza y el tórax. Luego envolvieron el cuerpo malherido de Pachado con una sábana y lo llevaron en el auto de Marcelo Barros (padre), hasta la vera de Río del Valle, donde lo abandonaron. Cuando lo encontraron, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, quedando internado en terapia intensiva.
La causa estuvo inactiva durante años, hasta que la nueva investigación determinó que después del ataque y de abandonar a Pachado al costado del río, los violentos enterraron en el patio de la casa de la familia Barros la sábana y los elementos que utilizaron durante la agresión, y al mismo tiempo inutilizaron el automóvil que luego fue abandonado en el predio de la Planta de Tratamientos de Residuos de la Capital. Cuando el auto fue encontrado, estaba destruido.
En noviembre de 2018, el tribunal de la Cámara Penal de Primera Nominación, absolvió por el “beneficio de la duda” a Alfredo “Cabezón” Soto, imputado por “homicidio simple” por el crimen de Pachado.
Según esa primera etapa de la investigación, Soto y Gustavo Moya fueron los atacantes. Los dos quedaron arrestados cuatro meses después, y el fiscal los imputó por “homicidio simple en calidad de coautores”.
La pericia psiquiátrica realizada a Moya determinó que era inimputable por una alteración mental y que no entendía la criminalidad de sus actos. El fiscal Herrera solicitó que sea sobreseído. El juicio contra Soto terminó con su absolución porque la investigación no produjo pruebas suficientes y con la contundencia necesaria como para condenarlo. El fiscal Jorge Silva Molina había pedido una pena de 9 años y seis meses y le unificó una condena de seis meses en suspenso por un robo, terminando con un pedido de 10 años de cárcel. Luis Armando Gandini, defensor de “Cabezón”, pidió la absolución y que se declare nula la causa. “Solo hay sospechas y comentarios”, indicó.
