El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) profundizó los controles en el accionar de los prestadores de PAMI debido a que se detectaron graves irregularidades en el sistema de órdenes médicas electrónicas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de los afiliados.
“Esta gestión asumió el compromiso de terminar con los intentos de fraude sistemático, la simulación de consultas, la falsificación documental, el uso indebido y la vulneración del sistema de trazabilidad. Las auditorías identificaron la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de distintos profesionales médicos y en actuación ante el Ministerio Público Fiscal se iniciaron las denuncias penales correspondientes”, señaló el organismo en un comunicado.
Asimismo, añadió: “Estos podrían configurar en ilícitos, dando lugar a posibles actos de defraudación contra la administración pública y afectando negativamente la correcta gestión de los recursos públicos proveniente del aporte de los afiliados”.
En el marco de otra medida que profundiza los controles,el Instituto actualiza el sistema de supervisión y trazabilidad de atenciones médicas que contempla un monitoreo exhaustivo de los umbrales prestacionales, la obligatoriedad del uso del turnero de PAMI y una auditoría permanente de la conducta del prestador en base a su capacidad prestacional declarada en la especialidad determinada.
“Estas acciones buscan generar un mayor control y racionalización del gasto basadas en la actualización de las capacidades prestacionales de los prestadores y a nuevas pautas para la aplicación de umbrales de valorización diferencial. Todo excedente o irregularidad será penalizado según su nivel de desvío”, señaló el PAMI.
Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el organismo “detectó y denunció una serie de maniobras irregulares en el sistema de órdenes médicas electrónicas, que van desde la simulación de consultas y facturación sin respaldo hasta la falsificación documental y el uso indebido de datos personales de afiliados”.
“Se trata de casos graves en los que prestadores médicos, clínicas y farmacias aprovecharon los mecanismos del sistema electrónico para cobrar prestaciones que nunca se realizaron, emitir recetas falsas o manipular identidades de afiliados”, precisaron fuentes oficiales consultadas.
Asimismo, agregaron: “Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el Instituto y la UFI PAMI ante la Justicia Federal, con radicación en distintas jurisdicciones del país. Entre ellas, se destacan: prestadores que generaban órdenes médicas inexistentes y facturaban prácticas nunca realizadas; empresas reincidentes que, pese a las advertencias, continuaron con un esquema de fraude sistemático durante meses; médicos que emitían órdenes irregulares utilizando su usuario profesional, sin respaldo de atención efectiva; farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros, defraudando al Instituto y a los afiliados; centros médicos donde se detectó manipulación de registros y uso compartido de credenciales profesionales”.
“En todos los casos se comprobó un patrón de falsificación y abuso del sistema OME (Órdenes Médicas Electrónicas), que derivó en la presentación de denuncias penales por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública”, revelaron desde el organismo.
Además, indicaron: “El objetivo es proteger los recursos de los jubilados y garantizar que cada peso se use en prestaciones reales y de calidad, no en maniobras que distorsionan el sistema”.
“Las nuevas medidas ya comenzaron a aplicarse y prevén sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío detectado”, señalaron y aclararon que “la atención al afiliado queda garantizada en todo momento”.
