Una nueva ejecución pública en nombre del “crimen de honor” volvió a estremecer a Pakistán y expuso, una vez más, la persistencia de prácticas tribales brutales amparadas por normas patriarcales y la débil respuesta institucional. Esta vez, el escenario fue la remota provincia de Baluchistán, en el suroeste del país, donde una pareja fue asesinada a plena luz del día por orden de un líder tribal que los acusó de mantener una relación “ilícita”.
El crimen, que ocurrió semanas atrás, pero se viralizó recientemente gracias a la difusión de un video en redes sociales, muestra a una mujer caminando lentamente en el desierto, envuelta en un chal y con la cabeza gacha, mientras es seguida por un hombre armado. Rodeados por una docena de hombres y varios vehículos todoterreno, la mujer se detiene y, con voz firme, se dirige a su verdugo: “Sólo puedes dispararme a mí, nada más”. El asesino levanta el arma y dispara. Ella permanece de pie tras los dos primeros disparos, pero finalmente se desploma después del tercero. Luego se escuchan más disparos. Un segundo video muestra los cuerpos ensangrentados de un hombre y una mujer tendidos uno junto al otro, sin vida.
La policía de Baluchistán, consultada por la cadena CNN, aseguró que los videos corresponden al crimen que está siendo investigado. Según el informe oficial, el líder tribal no sólo condenó a la pareja sino que emitió una orden directa de ejecución. Desde la difusión del material audiovisual, al menos once personas fueron arrestadas, aunque no está claro si entre ellas figura el cabecilla responsable del fallo tribal.
El ministro principal de Baluchistán, Safraz Bugti, condenó los hechos con dureza y los calificó como “intolerables” y “una violación flagrante de los valores sociales y la dignidad humana”. Sin embargo, la indignación de las autoridades no alcanza para revertir una realidad arraigada en vastas zonas rurales de Pakistán, donde persisten los llamados jirgas (consejos tribales) que dictan justicia paralela amparados en usos y costumbres ancestrales.
Los crímenes de honor en Pakistán siguen siendo una práctica frecuente, a pesar de los intentos legislativos por erradicarlos. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP), al menos 335 mujeres y 119 hombres fueron asesinados en 2023 bajo esta modalidad. Pero los expertos coinciden en que la cifra real es mucho mayor, debido a la falta de denuncias y al silencio cómplice de familias y comunidades enteras.
Uno de los casos más resonantes de la última década fue el de Qandeel Baloch, una celebridad de redes sociales asesinada por su propio hermano en 2016. La joven, conocida por sus publicaciones provocadoras, desafiaba abiertamente los códigos conservadores del país. Su muerte generó una ola de indignación nacional e internacional que forzó al Parlamento a aprobar una reforma legal. Desde entonces, los crímenes de honor ya no pueden ser perdonados por las familias de las víctimas, una laguna jurídica que hasta entonces permitía a los asesinos escapar de la prisión. La pena mínima ahora es cadena perpetua. Sin embargo, los asesinatos no han cesado.
En las zonas tribales de Pakistán, especialmente en Baluchistán, Sindh y Khyber Pakhtunkhwa, la ley del Estado convive —y a menudo sucumbe— ante los fallos de líderes tribales que dictan sentencias basadas en conceptos arcaicos de honor, lealtad y moralidad. Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes que deciden casarse sin el consentimiento familiar, pedir el divorcio, hablar con hombres ajenos a la familia o simplemente comportarse de manera que el clan considera inapropiada. En menor medida, también hay hombres asesinados, como en este caso.
La reacción del gobierno ante esta nueva ejecución deja en evidencia un patrón: la condena oficial llega tarde, cuando el crimen ya se ha cometido y el impacto mediático fuerza una respuesta. Mientras tanto, cientos de mujeres y hombres viven bajo la amenaza constante de convertirse en la próxima víctima del “honor” familiar.
Pakistán ha ratificado en múltiples foros internacionales su compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos. Sin embargo, la brecha entre el discurso oficial y la realidad cotidiana sigue siendo abismal. El asesinato reciente en Baluchistán no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia estructural de violencia legitimada por normas sociales profundamente arraigadas y un sistema judicial ineficaz que rara vez protege a los más vulnerables.
Mientras las imágenes de la ejecución circulan por el país, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿cuánto tiempo más podrá una nación convivir con la barbarie y la impunidad en nombre del “honor”?
