Una vez más el poder político se asoma detrás de una disputa por la titularidad de tierras que detentan comunidades indígenas.
Esta vez se trata de la comunidad de Tilián de Volcán a quien se le otorgó un plazo de diez días para abandonar el terreno de 5 hectáreas donde actualmente residen. La medida responde a una disputa que mantiene la comunidad con Carlos Gustavo Bárcena, quien aduce ser propietario legítimo de las tierras.
La orden de desalojo que fue ratificada el pasado lunes, fue librada por la jueza Liz Valdecantos Bernal, quien mediante notificación advirtió a la comunidad, particularmente a Graciela Lamas y/o cualquier otro ocupante ilegitimo, que deben dejar el predio libre de ocupantes y cosas, y que en caso de no hacerlo se procederá mediante el uso de la fuerza pública.
La preocupación e incertidumbre de las familias que integran la comunidad se acrecienta cada vez más, ya que temen correr con la misma suerte que la comunidad de Guerrero, donde hace un mes cinco familias fueron despojadas y retiradas por la fuerza de la finca que ostenta el ex vicegobernador de la provincia, Guillermo Jenefes, con la anuencia de la misma magistrada que obra en esta causa, la doctora Lis Valdecantos Bernal, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Juzgado Nº7, secretaría 14.
Otro dato no menor, es que el demandante en este caso es Carlos Gustavo Bárcena, quien es consuegro del ex gobernador Gerardo Morales, lo que pone en jaque a la comunidad de Tilián.
Y es que, pese a ser una comunidad indígena de la localidad de Volcán, que posee personería jurídica y que fue reconocida como tal, todo indica que el desalojo se hará efectivo en los próximos días y que ni siquiera la documentación que respalda la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, evitará el procedimiento.
Al menos así lo marcan antecedentes como lo ocurrido con la comunidad de Guerrero, o las familias del barrio Radio Estación Tilcara, que también fueron amedrentadas y desalojadas mediando violencia y detenciones de las personas involucradas en el marco del proyecto de expansión del Tren Turístico de la Quebrada; en ambos casos, bajo idéntica maniobra, las familias fueron despojadas de sus bienes y expulsadas a manos del poder político, primando los intereses personales.
Otro episodio de similares características fue el de la comunidad aborigen de Caspalá, que el año pasado fue víctima de desalojos, presiones y expropiación de sus tierras, además de la destrucción de la cancha ancestral que poseía la comunidad, por parte del Gobierno Provincial, durante la gestión de Morales; causa que actualmente esta siendo investigada por la Justicia Federal que la semana pasada procedió al allanamiento de la comisión municipal de Caspalá.
Cabe mencionar que las tierras en disputa con la comunidad de Tilián corresponden a 5 hectáreas colindantes con la planta industrializadora de cal y boratos “Los Tilianes”, ubicada en Finca La Falda y el Volcán, departamento de Tumbaya.
Fuente: Jujuy al Momento
