El Gobierno nacional reglamentó este jueves el procedimiento que deberán seguir los extranjeros interesados en obtener la ciudadanía argentina mediante una inversión relevante. La medida busca promover el ingreso de capitales al país bajo un esquema migratorio más estricto pero con incentivos para quienes demuestren capacidad económica.
El nuevo mecanismo quedó formalizado a través del Decreto 524/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. La normativa establece un proceso técnico-administrativo para analizar cada solicitud y evaluar el impacto de la inversión.
El trámite estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía, que tendrá la responsabilidad de revisar las solicitudes, solicitar informes a distintos entes del Estado y emitir una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que será la encargada de tomar la decisión final.
Inversiones “relevantes” y controles de seguridad
La medida complementa el Decreto 366/2025, publicado en mayo, que introdujo una modificación a la Ley de Ciudadanía Nº 346 con la creación de la figura del “ciudadano por inversión”. De este modo, Argentina se suma a una tendencia global que busca atraer inversiones extranjeras mediante facilidades migratorias condicionadas a criterios económicos y de seguridad.
Según la normativa vigente, cualquier persona extranjera podrá iniciar el trámite sin importar su tiempo de residencia en el país, siempre que demuestre haber realizado una inversión significativa en Argentina. Los parámetros para determinar qué tipo de inversión califica como “relevante” serán definidos por el Ministerio de Economía, según sectores estratégicos o montos mínimos establecidos.
El procedimiento comienza con la presentación de la solicitud ante la Agencia, que deberá verificar el cumplimiento de los requisitos. Una vez superada esa etapa, se requerirán informes técnicos a organismos como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia del Estado, entre otros.
Riesgo, seguridad y decisión final
La recopilación de esta información tiene como objetivo determinar si el otorgamiento de la ciudadanía podría representar un riesgo para la seguridad nacional o los intereses estratégicos del país. En base a estos elementos, la Agencia elaborará un dictamen técnico y fundado que será elevado a la Dirección Nacional de Migraciones. Este organismo tendrá 30 días hábiles para emitir una resolución.
Además, el decreto instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a adecuar sus sistemas para facilitar la obtención del CUIT para quienes obtengan la ciudadanía por esta vía. Este paso será clave para integrar rápidamente a los nuevos ciudadanos al sistema fiscal y económico argentino.
La norma ya se encuentra en vigencia y forma parte del plan económico del Ejecutivo que busca atraer inversiones y capitales extranjeros, bajo un modelo de incentivo migratorio alineado con objetivos de desarrollo económico y control estatal.
Cabe recordar que el 29 de mayo, el Gobierno había publicado el Decreto 366/2025, a través del cual oficializó una reforma migratoria estructural en Argentina. Entre los cambios introducidos se encuentran el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadanía, la expulsión de inmigrantes ilegales o con condenas, y limitaciones en el acceso a servicios de salud y educación para extranjeros en situación irregular.
