En el marco de una profunda reestructuración del sistema de seguridad nacional, el Gobierno avanzará en las próximas horas con una reforma integral de Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los cambios, que serán oficializados por decreto, modificarán las leyes orgánicas de cada fuerza con el objetivo de delimitar con precisión sus funciones y evitar superposiciones en operativos conjuntos, como los que habitualmente se realizan en torno al Congreso Nacional durante protestas masivas.
La decisión forma parte de la transformación más amplia que el Ejecutivo impulsa en las fuerzas federales, alineada con la conversión de la Policía Federal Argentina (PFA) en una agencia enfocada en tareas de investigación, similar al FBI de los Estados Unidos. El decreto que dará forma legal a estas modificaciones se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.
Cambios estructurales
Uno de los ejes centrales de la reforma será redefinir el ámbito de acción de la PSA, que pasará a funcionar como una «policía de transporte», encargada exclusivamente de la seguridad en estaciones de tren, terminales de ómnibus y aeropuertos. La idea es que este cuerpo especializado absorba funciones actualmente repartidas entre distintas fuerzas, evitando el desvío de personal de la PFA para custodiar estos espacios estratégicos.
Prefectura Naval, por su parte, mantendrá su rol como garante de la seguridad en mares, ríos, canales y zonas portuarias, pero bajo una lógica de mayor especificidad y con una asignación territorial y funcional más clara. Lo mismo ocurrirá con Gendarmería, que se concentrará en el control de fronteras, la prevención del contrabando, las migraciones clandestinas, las infracciones sanitarias y, en caso necesario, la represión de alteraciones graves del orden público.
La ministra Patricia Bullrich impulsa también un rediseño en la estructura interna de las fuerzas, que incluye una revisión del sistema de reclutamiento y una redistribución del personal según las nuevas misiones.
Modelo estadounidense como referencia
El Gobierno se inspira explícitamente en el modelo de seguridad de Estados Unidos, donde cada cuerpo federal tiene un rol bien definido. En Balcarce 50 señalan como referencias a la Guardia Nacional (NGUS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera (USCG), organismos con competencias delimitadas y capacidades operativas específicas.
“La intención de la reforma es que cada fuerza esté enfocada en una función y no se disperse ni se choque con otra”, señalan desde el oficialismo. Esta lógica ya se aplicó en la reciente transformación de la Policía Federal, que dio origen al Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Ese cuerpo ahora tiene facultades ampliadas, entre ellas la posibilidad de detener a una persona sin orden judicial por hasta diez horas si existen sospechas fundadas de que haya cometido un delito.
Apuro por el uso de facultades delegadas
La Casa Rosada busca acelerar la implementación de estas reformas antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas que permiten al Ejecutivo avanzar con este tipo de reorganizaciones sin pasar por el Congreso. En el entorno presidencial reconocen que no intentarán renovar esas atribuciones ni mediante una ley ni a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), alternativa que llegó a estar en análisis.
En paralelo a esta reforma, el Gobierno también avanza con la eliminación de fideicomisos estatales y otras medidas que forman parte de su plan de reforma del Estado. El objetivo, explican, es lograr un aparato público más eficiente, menos redundante y con funciones claramente definidas, especialmente en áreas sensibles como la seguridad interior.
Con este nuevo paso, el Ejecutivo continúa con la reconfiguración de la arquitectura institucional del país, apostando por un sistema más segmentado, funcional y orientado a resultados.
