El gobierno de Javier Milei volvió a encender la mecha con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que comanda Claudio “Chiqui” Tapia. Pero esta vez el conflicto no gira en torno al desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), frenado por medidas cautelares impulsadas por clubes y jueces federales, sino por algo más tangible: plata. Y jubilaciones.
Un nuevo decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial incrementa fuertemente la alícuota de aportes y contribuciones que deben pagar los clubes de fútbol y la AFA, lo que generó una inmediata reacción política y judicial.
La medida lleva la alícuota del 7,5% al 13,06% y suma un adicional del 5,56% por 12 meses, con el objetivo de “compensar el déficit acumulado y garantizar el financiamiento del sistema previsional”.
Desde el 1° de agosto, el nuevo esquema afectará un amplio espectro de actividades del ecosistema del fútbol: venta de entradas, transferencias y préstamos, sponsoreos, derechos televisivos, apuestas, comercialización de big data y comisiones a representantes. En los pasillos de Viamonte 1366 ya lo interpretan como un ataque directo con motivación política, aunque oficialmente la AFA aún no respondió.
El anuncio fue acompañado por un duro posteo en X del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien cargó con fuerza contra la AFA y los clubes: “En 2024, las ventas de jugadores argentinos generaron ingresos por US$ 324 millones. Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social, la actividad que genera esos ingresos es subsidiada por los jubilados”.
Sturzenegger repasó el origen del régimen especial creado en 2001 por el gobierno de Eduardo Duhalde a pedido de la AFA, que permitió reemplazar el régimen general de aportes previsionales por un sistema atado a conceptos como la venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. “Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos. El truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario (la inicial del 2% era una cargada), pese a que el decreto original exigía neutralidad en la recaudación”, denunció.
A lo largo de los años, el porcentaje fue subiendo: al 6,5% (Resolución 81/2005), luego al 6,75% (Decreto 231/2019) y al 7,5% mediante el Decreto 510/2023, que incluso incorporó a la AFA como beneficiaria. Sin embargo, nunca se logró equilibrio financiero. “¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado”, fustigó el ministro.
Según explicó, entre noviembre de 2023 y abril de 2024 el sistema registró un déficit de $7.000 millones. “La AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, sumaron actividades ajenas al fútbol -como colegios- que también se beneficiaban con la exención. Segundo, reemplazaron la venta de entradas por abonos, que estaban excluidos del régimen especial. Resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes. Si en el primer año de Milei se cubrió el 57% de las obligaciones, en el semestre siguiente cayó al 33%“, detalló.
En este contexto, recordó que el Decreto 939/2024 buscaba terminar con esta inequidad mediante una comisión conjunta entre gobierno y clubes para diseñar un nuevo esquema sin déficit. Pero tras seis meses, la propuesta presentada por la AFA fue considerada “claramente deficitaria” y el Ejecutivo le pidió a la entidad que garantizara cualquier faltante. “Pese a sus millonarios ingresos, la AFA del ’Chiqui’ Tapia no quiso asumir riesgos y prefirió que sigan pagando los jubilados“, apuntó Sturzenegger.
El conflicto escaló judicialmente cuando, a pocos días de restablecerse el régimen general, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 -a cargo del juez Enrique Alonso Regueira- otorgó una cautelar que suspendió el decreto 939/24 y mantuvo el sistema especial. “La casta, y la plata fácil, no se entrega fácil, y en su resistencia encuentra en la justicia un socio útil y eficaz. Así, mientras miles de empresas y pymes pagan lo que corresponde, el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitarlo. Total, el déficit es de los jubilados”, ironizó.
Como ejemplo, el funcionario mencionó que Vélez pagaba US$ 12.000 en aportes previsionales para 714 empleados y River apenas US$ 27.000 para 1.530 trabajadores, pese a declarar ganancias de US$ 28 y US$ 65 millones respectivamente. “Para el juez, exigir que vuelvan al régimen general -donde deberían pagar 22 o 26 veces más- es una barbaridad. Pero para los jubilados no hay”, remató.
El decreto también advierte que, si las condiciones actuales persisten, la alícuota podría seguir aumentando en futuras revisiones.
