La Legislatura de Jujuy aprobó el miércoles 18 de diciembre la ley que crea el Seguro Provincial de Salud (SEPROSA), que exigirá el pago de un arancel obligatorio para recibir atención en los hospitales públicos a las personas que el Estado provincial considere que tienen capacidad de pago.
“Es importante aclarar que para la gente que concurría en forma gratuita al hospital porque no podía pagar las prestaciones médicas, siguen siendo gratuitas”, dijo el ministro de Salud local, Gustavo Bouhid, un día después de la aprobación de la norma.
“Para aquellos que tienen capacidad de pago considerando actividades como comercios, ferias, transporte, y están concurriendo al sistema público van a empezar a pagar el SEPROSA que hemos plantado desde el punto de vista solidario, es decir, que aquellos que más tienen puedan aportar al sistema y sostener el sistema para los que menos tienen”, explicó el funcionario.
En sus fundamentos, la iniciativa, impulsada por diputados oficialistas, justifica la medida a partir del recorte de fondos que realizó el gobierno nacional. “Resulta de público conocimiento que por cambios en la economía nacional, las provincias han dejado de recibir la financiación que habitualmente recibían”, sostiene el prefacio de la ley que se votó en el parlamento jujeño.
La creación del seguro se inscribe en el replanteo del financiamiento del sistema de Salud en Jujuy, donde meses atrás se aprobó el cobro de aranceles en la atención de extranjeros.
Los firmantes del proyecto aseguraron, además, que el seguro es una oportunidad para que trabajadores informales puedan tener cobertura médica, ya que funcionará también para las atenciones en clínicas privadas, como una ampliación de la obra social con la que cuentan los empleados públicos en Jujuy.
En concreto, el seguro tendrá un costo equivalente a cinco consultas médicas de las que paga un empleado público provincial con cobertura, algo que los legisladores calcularon alrededor de 50 mil pesos.
Estarán exceptuados del pago aquellos que acrediten no encontrarse en condiciones económicas de adquirirlo, según el artículo 3 de la norma sancionada ayer. “La autoridad de aplicación establecerá un procedimiento de eximición de pago”, indica la ley.
