El juez federal Daniel Rafecas ordenó la detención de 61 brasileños, a pedido de los tribunales del país vecino, por atentar contra el orden democrática en el traspaso de mando durante la salida de Jair Bolsonaro y la llegada de Ignacio Lula Da Silva. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, ya se concretaron dos arrestos que rechazaron las acusaciones y pidieron no ser extraditados. Son personas condenadas en Brasil con sentencia firme a penas de prisión efectiva.
Se trata de Joelton Gusmão de Oliveira, un ciudadano brasileño de 47 años quien se encontraba viviendo con su familia en La Plata. El arresto tuvo lugar en las calles 1 y 44, durante un patrullaje de rutina llevado a cabo por el Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda de La Plata. El hombre se encontraba en proceso de renovar su documentación migratoria en Argentina, se indicó.
De inmediato quedó preso y hoy se hizo la audiencia ante los funcionarios del juzgado y la fiscalía. Gusmão de Oliveira aseguró en la audiencia que es comerciante y que nunca atentó contra la democracia de su país. Sostuvo que es víctima de una persecución política y que no pudo defenderse de las acusaciones en su país, revelaron las fuentes. Su defensa pedirá en las próximas horas la excarcelación.
El segundo detenido es Rodrigo De Freitas Moro Ramalho. En su país fue condenado a la pena de catorce años por delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado, deterioro de los bienes catalogados y asociación delictiva armada.
Así ya son dos los arrestaos de la lista 61 brasileños sobre los que la justicia argentina ordenó la detención. Está interviniendo Interpol y Policía Federal Argentina. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron a este medio que la lista de buscados por Brasil podría triplicarse. Muchos de ellos tienen pedidos para ser considerados refugiados políticos.
Ahora, será la justicia la que tenga que determinar si avanza con la extradición. Uno de los puntos claves es verificar que hayan tenido posibilidad de defenderse en las causas en su contra en el país que los investiga y en qué contexto fueron condenados. Como en cualquier proceso de extradición, el fiscal argentino -en este caso Carlos Rívolo- actúa en representación del Estado brasileño.
