La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusándolos de crímenes de guerra en la Franja de Gaza desde octubre del año pasado.
La decisión también incluye a Mohammed Deif, líder militar de Hamas, aunque su muerte fue declarada por Israel en junio. Esta medida podría complicar aún más las negociaciones para un alto el fuego en el conflicto de 13 meses, aunque sus efectos prácticos son inciertos debido a que ni Israel ni Estados Unidos reconocen la jurisdicción de la CPI.
Netanyahu y otros líderes israelíes han rechazado la decisión del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, calificándola de vergonzosa y antisemita. Estados Unidos, principal aliado de Israel, también criticó la decisión y reafirmó el derecho de Israel a defenderse.
Por su parte, Hamas expresó su desacuerdo con las órdenes. Mientras tanto, Israel presentó documentos legales desafiando la jurisdicción de la CPI, argumentando que no se le permitió investigar las acusaciones antes de que se emitieran las órdenes.
La Corte Penal Internacional solo actúa como último recurso cuando las autoridades nacionales no pueden o no quieren investigar. Israel, que no es miembro de la CPI, ha tenido dificultades para investigar sus propias acciones según grupos de derechos humanos. La falta de una fuerza policial propia complica la ejecución de las órdenes de arresto, dejando su cumplimiento en manos de la cooperación internacional.
“La Sala consideró que hay motivos razonables para creer que ambos individuos privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables”, declaró el panel de jueces de la CPI en su decisión.
