La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este martes un contundente informe donde señala que la reelección de Nicolás Maduro, quien planea asumir su tercer mandato presidencial el viernes 10 de enero, “no goza de legitimidad democrática”, en medio de una creciente crisis política en Venezuela.
El informe de la CIDH, reportado por el diario El País, documenta graves violaciones a los derechos humanos durante y después del proceso electoral.
“La represión del Estado incluyó prácticas de terrorismo de Estado dirigidas especialmente a infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”, señala el documento, que detalla una serie de violaciones incluyendo “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”.
LaCIDH, un organismo de la Organización de Estado Amerícenos (OEA), concluyó que el régimen venezolano “ejecutó una estrategia planificada dirigida a impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda libre, justa y competitiva, y reprimir las protestas sociales provocadas por la opacidad electoral y las denuncias de fraude”.
Anticipándose a posibles irregularidades, el informe recuerda que la oposición logró recopilar más del 80% de las actas digitalizadas a nivel nacional. Según estas actas, el candidato opositor Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los votos.
Aislado por la comunidad internacional y enfrentando una histórica movilización popular en su contra, Nicolás Maduro quedó al desnudo por el minucioso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que describe todos los actos de terrorismo de Estado que cometió para sostener la dictadura caribeña y evitar que la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado inicien la transición democrática en Venezuela.
En este contexto, Maduro intentará retener su poder ilegal en un simulacro de ceremonia institucional convocada para el 10 de enero, mientras González Urrutia y María Corina Machado son apoyados por una desbordante mayoría de países que condenan los actos de fraude y represión estatal ejecutados por el regimen caribeño para preservar su estabilidad política y la trama de negocios de corrupción que están protegidos por Cuba, China, Rusia e Irán.
