La Argentina rechazó las órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, emitidas recientemente por la Corte Penal Internacional (CPI).
A través de un mensaje publicado por el presidente Javier Milei, el Gobierno manifestó su profundo desacuerdo con la resolución y planteó: “Ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá”.
“Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional. La Argentina se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes”, agregó el comunicado oficial de la Argentina.
Y completó: “Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”.
La Corte Penal Internacional (CPI) dictó este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista.
La decisión convierte a Netanyahu y a los demás en sospechosos buscados internacionalmente y es probable que los aísle aún más y complique los esfuerzos para negociar un alto el fuego que ponga fin al conflicto de 13 meses. Pero sus implicaciones prácticas podrían ser limitadas, ya que Israel y su principal aliado, Estados Unidos, no son miembros de la corte y varios de los funcionarios de Hamas han muerto posteriormente en el conflicto.
