Entre los imputados se encuentran sacerdotes que ocupaban altos cargos en el Opus Dei, quienes enfrentan serias acusaciones sobre la explotación de jóvenes durante décadas.
La Justicia federal argentina imputó a cuatro exautoridades del Opus Dei por los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas, tras la denuncia de 43 mujeres que aseguran haber sido explotadas por la organización católica. Según las víctimas, fueron reclutadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación, pero terminaron trabajando gratis para la institución en tareas domésticas durante más de 20 años.
Según una investigación llevada adelante por La Nación, las mujeres, hoy de entre 40 y 60 años, denunciaron que el Opus Dei las inscribió en escuelas donde les enseñaron a limpiar, cocinar y realizar tareas del hogar, pero no recibieron una educación formal. Posteriormente, trabajaron como empleadas domésticas para los miembros de la Obra y sus invitados en centros de la institución, tanto en Argentina como en el extranjero, sin recibir pago por su labor. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1980 y los primeros años de la década de 2000.
Entre los imputados por la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano se encuentran los sacerdotes Carlos Nannei, Patricio Olmos, Víctor Urrestarazu y Gabriel Dondo, exdirector de la rama femenina en Argentina. Todos ellos ocupaban posiciones de autoridad en la organización durante el periodo investigado. A pesar de los testimonios y las acusaciones, la institución religiosa negó categóricamente los hechos.
En un comunicado oficial, el Opus Dei calificó las denuncias como “totalmente falsas”, argumentando que la formación que recibieron estas mujeres fue libremente aceptada como parte de su vocación en la organización.
Sin embargo, en 2021, la directora de la rama femenina en Buenos Aires, Catalina María Donnelly, admitió la posibilidad de “informalidades” en la remuneración, aunque insistió en que siempre se pagó el trabajo de las numerarias auxiliares.
El proceso judicial, que comenzó en 2022 bajo la supervisión de la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (Protex), detalla que las mujeres dedicaron gran parte de sus vidas al servicio doméstico en condiciones abusivas, trabajando jornadas extenuantes sin recibir salario o descansos. En algunos casos, incluso se les pagaba una suma que luego debían devolver a sus superiores.
La denuncia plantea que las afectadas quedaron atrapadas en una estructura desprovista de derechos laborales, sin supervisión ni control, una situación que se extendió por décadas.
La querella ha solicitado que se investigue también a Mariano Fazio, exvicario general del Opus Dei, aunque su nombre no figura en el actual pedido de indagatoria. El caso sigue su curso, con la expectativa de que se aclaren los detalles y responsabilidades de los involucrados en esta grave denuncia de explotación.
