El diputado provincial Fernando Baigorrí (MID) presentó un pedido de informes en la Legislatura sobre la adquisición de camionetas 4×4 en el Ministerio de Educación, por montos de 350 millones de pesos.
El legislador hará lo mismo con Casa de Gobierno y con el Tribunal de Cuentas, entendiendo que el Ministerio está incumpliendo la ley de emergencia económica y que no existe justificación para semejante compra: “En las últimas horas se conoció una situación que ha generado profunda indignación y pone nuevamente en evidencia la impunidad con la que actúa el Gobierno provincial. Específicamente, el Ministerio de Educación, encabezado por Dalmacio Mera, procedió a la adquisición de cinco vehículos de alta gama marca Volkswagen, modelo Amarok de segunda generación, con motorizaciones V6 AT y tracción en las cuatro ruedas (4×4), por un costo total de 350.000.000 pesos. Estas unidades fueron adquiridas mediante compra directa sin llevar a cabo el correspondiente proceso de licitación pública que garantizaría transparencia y permitiría seleccionar la opción más beneficiosa para el Estado provincial”.
Baigorrí remarca que “resulta aún más grave que esta compra contraviene claramente lo dispuesto por el régimen de emergencia económica, financiera, administrativa y educativa en la provincia. La ley prohíbe la adquisición de vehículos que no sean de reemplazo, exceptuando únicamente los destinados a los Ministerios de Salud y Seguridad, siempre que se justifique su necesidad y cuenten con autorización previa del Ministerio de Economía. La adquisición de estos vehículos, injustificada e innecesaria, parece orientada a satisfacer intereses personales y de confort para el traslado del propio ministro y sus colaboradores más cercanos, como el coordinador educativo Marcelo Cañamo y la secretaria de Gestión Educativa, Anahí Perea”.
El diputado consideró que se trata de “un flagrante abuso de los recursos públicos, lo que se agrava por la situación de emergencia económica que atraviesa nuestra provincia. Resulta alarmante que tanto el Poder Ejecutivo Provincial como los órganos de control responsables hayan permitido y avalado esta transacción. Los recibos de compra publicados confirman la materialización de esta operación, dejando en evidencia una gestión que atenta contra los intereses del pueblo de Catamarca y exacerba las desigualdades”.
Baigorrí pretende que el Tribunal de Cuentas facilite un informe sobre la auditoría realizada respecto a la contratación directa llevada a cabo por el Ministerio de Educación para la adquisición de las camionetas evaluando su legalidad y cumplimiento del marco normativo vigente, y que el ministro Mera detalle cuál será el uso y la distribución de los vehículos comprados.
El caso
La Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Educativa impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial y aprobada por la Legislatura en mayo de 2024 tenía como argumento de hacer más efciiente los recursos en medio de un contexto difícil, con recesión y baja de recursos.
Además, se establecía la creación de una Comisión de Seguimiento e Implementación de la Ley integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y del Tribunal de Cuentas, bajo la lupa del Ministerio de Economía. Todo para controlar que no se dilapiden los recursos.
Es por ello que no se explica la decisión del Ministerio de Educación que conduce Dalmacio Mera de invertir (o despilfarrar) la friolera suma de 350 millones de pesos en la adquisición de vehículos de alta gama para uso exclusivo de funcionarios.
Mera, con la anuencia de la cartera Económica, adquirió a una concesionaria local cuatro camionetas Volkswagen Amarok a razón de $70.461.701, tres de ellas, mientras que la restante cotizó en $60.205.424 y un utilitario valuado en $87.600.000, lo que totaliza un monto de $358.590.527 gastados.
¿Cómo se explica que la cartera de Mera gaste semejante suma si la Ley de Emergencia Económica, todavía vigente, indica que sólo pueden adquirirse vehículos para las áreas de Salud y Seguridad? ¿Se justifica tamaño gasto en rodados que serán de uso cuasi personal del ministro y sus acólitos?.
Claramente, las prioridades del Ministerio de Educación o de su ministro están distorsionadas: falencias en edificios escolares, carencia de personal de servicios generales, docentes que peregrinan desde hace meses por sus haberes adeudados y cargos sin cubrir.
Como si fuera poco, el Presupuesto 2025 estipula el recorte de 52.976 horas cátedras respecto de las 202.263 previstas originariamente y la extinción de 5050 horas cátedras de docentes no permanentes.
Indudablemente, algo está mal en la provincia. El gobernador Raúl Jalil habla de austeridad y por tal motivo no otorga el bono de fin de año a los empleados estatales, docentes e integrantes de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, sus funcionarios despilfarran recursos que bien podrían ser destinados a subsanar necesidades reales, no caprichos de quienes circunstancialmente ocupan un cargo.
