El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (ENRESP) presentó una denuncia penal ante la Justicia tras detectarse 1436 conexiones clandestinas de luz en comercios, industrias y actividades productivas de la provincia. El presidente del organismo, Carlos Humberto Saravia, solicitó formalmente al Procurador General de la Provincia la apertura de una investigación penal para determinar las responsabilidades correspondientes.
Según datos aportados por la distribuidora EDESA S.A., las maniobras fraudulentas implicaron el apoderamiento ilegal de más de 3,3 millones de kilovatios/hora, con un perjuicio económico estimado en más de 102 millones de pesos. Las modalidades detectadas incluyen puentes directos, derivaciones antes del medidor y manipulación de precintos, con el objetivo de evitar el registro del consumo de luz y el pago correspondiente.
El informe presentado reveló que el departamento Orán encabeza la lista de conexiones irregulares, con una sustracción estimada en 13,5 millones de pesos, seguido por Pichanal (10 millones), Tartagal (3,7 millones), Güemes (1,9 millones) y El Carril. En total, se radicaron más de 630 denuncias en Capital, 311 en Orán y 183 en San Martín, entre otros municipios.
Saravia advirtió que estas prácticas no solo constituyen delitos económicos, sino que además sobrecargan las redes eléctricas, provocan accidentes y deterioran la calidad del servicio de luz para miles de usuarios regulares. El titular del ENRESP remarcó que no se trata de hogares vulnerables, sino de sectores con capacidad económica que actúan con complicidad técnica o profesional.
Por tal motivo, las autoridades del organismo adjuntaron a la denuncia informes técnicos, registros de EDESA y un análisis económico elaborado por expertos del IIEP (UBA-CONICET) sobre el impacto del fraude en la estructura tarifaria provincial. Finalmente, el titular del ENRESP solicitó que la Justicia determine si corresponde atribuir responsabilidad penal a los involucrados y aplicó multas por más de 11 millones. El hurto de energía no es solo una falta ética, sino un delito que compromete la estabilidad del sistema y la seguridad de todos, enfatizó el funcionario.
