Por apenas un voto, el Senado no convalidó este miércoles el proyecto de Ficha Limpia que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, motivo por el cual perdió estado parlamentario y recién podrá volver a presentarse el año próximo. Alejandra Vigo, senadora por Córdoba que votó a favor de la iniciativa, cargó contra el gobierno de Javier Milei y denunció que “terminó siendo funcional al kirchnerismo”.
Pasadas las 22 hs, luego de una extensa sesión y cuando el debate se encaminaba hacia la aprobación de la iniciativa impulsada por el oficialismo, la Cámara alta sorprendió al rechazar la propuesta que pretendía inhibir las candidaturas electorales y el ingreso a cargos públicos a aquellos ciudadanos con condenas en segunda instancia. Con 36 votos a favor y 35 en contra, el proyecto no logró alcanzar la mayoría simple.
La media sanción proveniente de la Cámara baja tenía, a priori, los números para su aprobación, según afirmó el senador oficialista Ezequiel Atauche al término de la sesión. Sin embargo, un giro inesperado inclinó la cancha hacia el rechazo. Es que dos representantes de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que se esperaba que acompañaran la iniciativa, finalmente votaron en contra.
Hasta hoy, los senadores misioneros habían apoyado al Ejecutivo de Javier Milei con sus votos en el tratamiento de buena parte de las propuestas que pasaron por el Congreso, entre ellas la ley Bases. Ahora, con su voto negativo, condenaron al proyecto de Ficha Limpia a perder estado parlamentario, por lo que no podrá volver a presentarse hasta el próximo año legislativo.
Durante la jornada, sobrevolaron sospechas sobre si el Gobierno estaba dispuesto a que la iniciativa salga debido a que se trata de una de las principales banderas del PRO, impulsada por la diputada y candidata a legisladora Silvia Lospennato, con quien la administración libertaria disputa el voto en la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Tal como habían adelantado a Ámbito fuentes en el Senado, los 37 votos estaban pero, las dudas recaían en el oficialismo: “El Gobierno se las va a ingeniar para pudrirla”.
Los motivos de la desconfianza eran muchos. Por un lado, en ámbas cámaras del Congreso fueron los libertarios los que frenaron, en reiteradas ocasiones, la sanción de la iniciativa. Por caso, en 2024, el rechazo de la sanción por falta de apoyo de LLA les valió la bronca del PRO. El último intento de frenar el tratamiento de Ficha Limpia se conoció este lunes, cuando intentaron colar en la sesión el congelamiento de las dietas de los senadores. La jugada no prosperó.
Alejandra Vigo denunció “acuerdos oscuros” entre Nación y Misiones para el rechazo de Ficha Limpia
Para la senadora de Córdoba, Alejandra Vigo, el Ejecutivo fue “funcional” al sector que lidera Cristina Kirchner al evitar que avance el proyecto mediante la concreción de lo que, según dijo, son “acuerdos oscuros”.
“Es indignante que los acuerdos oscuros que van en contra de la transparencia política, hoy hicieron fracasar el Proyecto de ley de Ficha Limpia“, expresó en su cuenta de “X” y afirmó que “dio frutos” el acuerdo “entre el gobierno de Misiones y el ejecutivo nacional que conformaron una sociedad política para las próximas elecciones provinciales que lleva una candidata libertaria en la lista”.
“Nos sorprendió el voto en contra de los dos senadores misioneros oficialistas, fuerza política que había acompañado el proyecto en diputados”, continuó Vigo y cerró: “Como lo advertimos, el gobierno de Milei terminó siendo funcional al kirchnerismo”.
El proyecto que se trató en el Congreso pretendía prohibir participar de elecciones o ser funcionarios a aquellas personas que tuvieran condenas en segunda instancia. Es por eso que los senadores de Unión por la Patria denunciaron durante la sesión que el proyecto estaba orientado en forma deliberada a proscribir una eventual candidatura de Cristina Kirchner, sobre quien pesa una condena del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación en la causa Vialidad.
El proyecto de ley, que contaba con media sanción de Diputados, englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal” y los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Fuente: Ámbito
