Una vez más, la localidad de Aguas Blancas está en el ojo de la tormenta. Tras el escándalo mediático, judicial y político de los últimos días, ahora se le sumó una contundente denuncia sobre presuntas irregularidades en el padrón electoral. Es por ello que piden la inmediata intervención de la justicia federal para que investigue a la joven localidad que está teñida de entramados oscuros y clientelismo político.
Desde 2015 Aguas Blancas fue declarado municipio y en su corta vida institucional, tuvo dos intendentes. Uno, Sergio Oliva, quien tiene condena confirmada por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia y Carlos Martínez, a quién acaban de revocarle el arresto domiciliario por entorpecer la investigación del asesinato de su propio hermano, César Martínez, en un crimen con sello narco.
En este contexto de irregularidades y el trabajo que se aplica desde Nación y Provincia, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virginia Cornejo, pidió a la Justicia Federal la apertura de una investigación con foco en irregularidades detectadas en los padrones electorales de esa comuna.
Una de las irregularidades más significativas es que en una de sus arterias, 20 de Febrero, que solo tiene cinco cuadras en las que los frentes se reparten entre viviendas y galpones, el padrón definitivo de comicios nacionales del 23 de octubre de 2023, informa que tendrían sus domicilios 603 de los votantes habilitado en las 12 mesas del municipio.
Llamativamente, todos esos sufragantes fueron registrados en el padrón electoral con domicilio en calle “20 de febrero sin número (S/N)”. Parecida es la situación de cientos de votantes con domicilio consignado en calle “25 de mayo sin número”. La residencia legal de otra cantidad inquietante de electores es incluso más imprecisa, ya que en el padrón su domicilio figura simplemente como “Aguas Blancas S/N”.
A fin de acreditar las evidentes irregularidades, Cornejo acompañó al Ministerio Público Fiscal de la Nación los padrones de electores correspondientes a las 12 mesas electorales. Aclaró que las anómalas situaciones expuestas son apenas demostrativas de “la cantidad exorbitante” de personas con idéntico domicilio.
La funcionaria nacional solicitó una serie de medidas al Registro Nacional de las Personas de Argentina como así también pidió oficios a la embajada de Bolivia para constatar que las personas en cuestión no hayan cometido un delito en lo que respecta a la falsificación de los DNI. “Los hechos expuestos pueden tipificar en diferentes conductas delictivas, ya sea si en los padrones de electores existen personas inscriptas dolosamente como votantes cuando legalmente no son ciudadanos”, sentenció
