El Gobierno dispuso el cierre de otros tres fondos fiduciarios tras detectar irregularidades en una auditoría de gestión, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 463/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa avanzó con la disolución formal del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), el Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).
La medida se ampara en la autorización otorgada en la Ley Bases para que el Ejecutivo avance en la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, según corresponda.
Al igual que con otros casos, el cierre se justificó considerando que los tres fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Con los nuevos cierres, ya van 29 fondos liquidados.
En lo que respecta al FFFIR, creado en 1997 con el objetivo de asistir financieramente a las Provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, la SIGEN “registró falencias en la aplicación y devolución de los préstamos que generaron pérdidas significativas para la Nación”, según precisó el Gobierno.
En el texto oficial, se detalló que “la aplicación de los recursos del Fondo para préstamos de las provincias es muy baja y que el mantenimiento de los fondos disponibles en Disponibilidades y su inversión en depósitos a plazo fijo en pesos genera pérdidas significativas por exposición a la inflación”.
Además, quedó expuesto que el Fondo “funcionó con una estructura organizativa de personal conformada por agentes con diversa situación de revista: planta permanente, planta transitoria, ad honorem y locaciones de servicios”, a pesar de estar prohibido por ley que los fondos fiduciarios tengan estructura de personal permanente y temporario a su cargo.
En el caso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, el Ejecutivo precisó que la SIGEN “registró la ausencia de una planificación estratégica, falta de control de las inversiones y sus resultados, indebidas contrataciones de estructuras y personal, insuficientes rendiciones de cuentas; y fallas en los procesos de control y validación”.
Asimismo, reveló que “durante los ejercicios 2022/2023 fueron transferidos al fideicomiso $26.000 millones, mientras que los recursos utilizados en la finalidad objeto del Fondo sólo fueron por $70 millones”.
A pesar del cierre, aclaró que “como el Sistema Federal de Manejo del Fuego es una política pública preexistente a la creación del fideicomiso en cuestión, se podrá continuar con las medidas necesarias distribuyendo los recursos presupuestariamente”.
Al respecto, indicó que “la contribución obligatoria del 3% de las primas de seguros se mantendrá vigente para asegurar la política pública a la que se encuentra destinada”, fijando que el Ministerio de Seguridad recaudará dichos fondos y dispondrá las acciones a financiarse.
En relación al FONDEP, creado en 2014 bajo el nombre “Fondo para el Desarrollo Económico Argentino” (FONDEAR) para facilitar el acceso al financiamiento para proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, se exhibieron diferentes irregularidades.
En este sentido, la SIGEN “observó que los fondos disponibles fueron destinados a inversiones temporarias, además de demoras e incobrabilidad en el recupero de los préstamos otorgados, irregularidades en el registro de inversiones que traducen faltas graves en la aplicación de fondos y una gestión ineficaz”.
El decreto aclaró que “continuarán vigentes las obligaciones de los fiduciarios de los Fondos alcanzados por la presente medida, con el fin de asegurar la coordinación y producción de información, así como la ejecución de los actos relativos a su disolución y posterior liquidación”.
La administración de Javier Milei remarcó que a través de estas medidas, “continúa avanzando en el desarrollo de una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, cuidando el racional uso de los recursos públicos y el debido control sobre la administración de las finanzas públicas”.
