La fiscal de instrucción N°1, Yesica Miranda, Distrito Sur, finalizó la investigación de un hecho y envió a juicio a un docente imputado por delitos de abuso sexual.
Los hechos fueron denunciados en 2018 por los padres de las víctimas, todos niños de entre 7 y 11 años. Los abusos sucedieron en la escuela en donde se desempeñaba el docente, en el interior provincial. No será identificado ni el docente, ni el establecimiento escolar en el marco del resguardo de las víctimas.
En base a los elementos de pruebas y con el grado de probabilidad requerido en esta instancia la fiscal imputó al individuo el delito de “abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación en calidad de autor” (hecho primero, tercero y cuatro) y “abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación, en calidad de autor en grado de tentativa” (hecho segundo).
Las denuncias fueron realizadas en abril del 2018 y los hechos ocurrieron en marzo, un mes antes. En las acusaciones se sindicó al mismo docente quien daba clases un solo día de la semana.
Según la denuncia, y la declaración de las víctimas en Cámara Geseel, todos los abusos sucedieron en el momento de clases.
El ahora imputado perpetró los hechos con el mismo modus operandi, valiéndose de su condición de encargado de brindar educación, de su situación de superioridad maestro – alumno y del vínculo de confianza y respeto que los niños le tenía, procedió abusar sexualmente realizándoles tocamientos en sus partes íntimas.
En todos los casos el individuo tocó a las víctimas cuando éstas se acercaron a consultarle sobre una tarea que les había encomendado a realizar.
Tras las denuncias, la fiscal inició la investigación y solicitó informes a los directivos de la escuela sobre el docente acusado. Paralelamente, se requirió al Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) evaluar a los niños involucrados para determinar si se encontraban en condiciones de declarar en Cámara Gesell, una instancia clave para proteger a las víctimas.
Este proceso, esencial para garantizar el bienestar de los menores, implicó un tiempo considerable, ya que las valoraciones debían confirmar que los niños estaban aptos para brindar testimonio sin afectar su integridad emocional.
En paralelo, durante la investigación, se realizaron pericias psicológicas y psiquiátricas, informes socioambientales y testimonios.
Al momento de la indagatoria el imputado declaró y negó los hechos que se le imputan. Finalmente, tras completar los pasos procesales necesarios, la causa fue elevada a juicio y las partes fueron notificadas.
