Al cierre del jueves, el pleno de la Cámara alta sancionó, con una abrumadora mayoría opositora que sobrepasó los dos tercios de los votos, la ley que declara la emergencia pediátrica por un año, con el Hospital Garrahan como emblema. La iniciativa, que será vetada por el Ejecutivo, obtuvo 62 adhesiones y ocho rechazos que vinieron del bloque libertario y la macrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que tuvo una semana para el olvido y cargada de polémicas sin cesar relacionadas con este tema.
“¿Cuánto cuesta que los 28.000 niños que se atienden anualmente en el Garrahan internados por patologías complejas no sean atendidos, o que queden con secuelas? Nada de nuestro presupuesto vale lo que vale la salud”, enfatizó en su discurso la senadora kirchnerista y titular de la comisión de Salud de la Cámara alta, la exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci.
Además de Corpacci, otro de los médicos en la Cámara alta es el peronista Guillermo Andrada (Catamarca), que sostuvo: “El Garrahan es el corazón de la pediatría nacional. Es el lugar que garantiza que cualquiera de nuestros niños tenga la atención de excelencia y alta complejidad. No debe haber acá senador que no haya recibido un pedido para gestionar que se lo atienda en el hospital”.
El legislador justicialista resaltó que el Garrahan “tiene tres características muy claras: asistenciales, de investigación y formación”. Y añadió: “Atiende el 40% de los cánceres infantiles que se producen en nuestro país y realiza las cirugías más complejas que podamos tener”. En última instancia, advirtió que una “vocación de pediatría infantil cada vez menor, sumado a lo salarial y a dar una buena formación que se está ajustando, es la tormenta perfecta y no vamos a dejar hipotecar la salud”.
Uno de los artículos deja en claro que el mecanismo en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
