Las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales del Senado buscarán hoy miércoles dictaminar el proyecto de ley de que propone el abordaje integral del crimen organizado, que ya cuenta con media sanción de la Cámara Diputados, en medio de la parálisis de la Cámara alta.
Se trata de una de las iniciativas lanzadas por el Ministerio de Seguridad, que lidera Patricia Bullrich, desde su desembarco en diciembre pasado en la Gabinete nacional. Tras llegar a la Casa Rosada, el oficialismo se encargó de hacer foco en la ciudad de Rosario, Santa Fe, tras la ola de criminalidad narco de 2024.
De hecho, la semana pasada recibieron en el plenario para una reunión de carácter informativo al jefe de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Manfroni, y al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, por estas horas con alto perfil público por el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte, ex líder de la barra de Rosario Central.
El impulso del proyecto viene siendo limitado desde hace varias semanas por la falta de quorum de los senadores y la poca actividad parlamentaria en el Senado. El presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos y Penales, Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y la de Seguridad y Narcotráfico, Carolina Losada (Santa Fe), aspiraban a dictaminar mucho antes.
Sin embargo, la ausencia de senadores aliados, sumado a la negativa del kirchnerismo a la ley que propone Bullrich, hicieron que su curso natural se vea afectado y retrasado para desembarcar al recinto senatorial que, de no abrirse antes del 26 de noviembre, cumpliría dos meses cerrado.
La iniciativa tiene como objetivo robustecer las herramientas en la investigación y sanción de las organizaciones criminales. Por ejemplo, uno de los ejes centrales pasa por la imposición de penas más severas para quienes formen parte de agrupaciones narco, de lavado de activos, extorsión y/o trata de personas, independientemente de su rol dentro de las mismas.
La Cámara baja aprobó a principios de octubre por 137 contra 92 votos el proyecto con el respaldo de los legisladores de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal y el rechazo de Unión por la Patria y la Izquierda. Estos apuntan contra la violación del artículo 18 de la Constitución y el 8 Pacto de San José de Costa Rica.
