La familia de Karla Robles apuntó directamente contra lo que consideran una cadena de fallos institucionales: denuncias que no fueron acompañadas por medidas eficaces, fiscales que no investigaron a fondo y una sensación de abandono estatal que —según los allegados— terminó en la muerte de la joven. Mirtha Giménez, madre de Karla, relató en programa El Avispero, los episodios de violencia, hostigamiento y la desesperación de una familia que, pese a las denuncias, no encontró protección por parte de la justicia.
Giménez aseguró que las alertas comenzaron en 2022, cuando se presentaron las primeras denuncias contra el agresor. “El fiscal Zapata me archivaba las causas”, sostuvo, y agregó que los pedidos de detención y advertencias del abogado de la familia fueron ignorados. La madre responsabilizó a varios funcionarios judiciales —entre ellos Augusto Zapata, Daniel Sosa Piñeiro, Adriana Reynoso Cuello y Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez— y denunció la falta total de contención y medidas preventivas, como el botón antipánico o el seguimiento efectivo de las restricciones. “El Estado recién se acercó después del hecho, con asistencia psicológica y una consigna policial por pocos días. Fue demasiado tarde”, lamentó.
La mujer también vinculó el caso con un presunto entramado de favores y protección política alrededor del imputado, al señalar que algunos de sus familiares trabajaban en instituciones públicas. “Fue un estado de abandono por parte del Estado”, sentenció, y comparó lo ocurrido con otros casos donde la justicia, dice, actuó con la misma indiferencia ante situaciones de violencia de género.
Mirtha recordó cómo su hija cambió por completo tras iniciar la relación: una joven dulce que se volvió insegura y temerosa por la manipulación del agresor. Describió amenazas, golpes y un hostigamiento constante, tanto en persona como por redes. Afirmó que existen pruebas —fotos, audios, capturas de chats— que confirman la violencia y que fueron ignoradas por las autoridades. “Él siempre quiso que Karla se suicide”, declaró con dolor, señalando que la familia había advertido el peligro en reiteradas ocasiones.
La familia reclama una investigación a fondo sobre la actuación de los fiscales y la posible negligencia procesal, además de la preservación de todas las pruebas. Exigen que el Estado garantice medidas de protección efectivas para las víctimas y que se informe públicamente sobre los avances del expediente. Mirtha pidió ser notificada de cada movimiento del imputado y reclamó que el sistema judicial deje de actuar solo después de la tragedia.
El testimonio de la madre de Karla Robles expone nuevamente las falencias del sistema judicial tucumano frente a la violencia de género. Entre el dolor y la indignación, la familia busca justicia, mientras la sociedad y las instituciones enfrentan el desafío de demostrar que pueden proteger a las víctimas antes de que sea demasiado tarde.
